La Defensoría del Pueblo advirtió en un reciente informe que el panorama para las próximas elecciones de octubre no es el más alentador. Hay presencia de Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo en 392 municipios de 24 departamentos del país. La guerrilla de tres letras, que supuestamente está en un proceso de cese el fuego aparece en 224 municipios de 19 departamentos. Por su parte las disidencias de la guerrilla de las cuatro letras se dividen en tres grupos: unos son disidencias liderados por Iván Mordisco, otros son disidencias denominados Segunda Marquetalia y por último hay otras disidencias llamadas Comandos de Frontera. Sumando las tres categorías de disidencias hay presencia de esos grupos en 263 municipios de 19 departamentos. La Defensoría explica en el documento que además de la presencia, hay acciones, tránsito, injerencia, control o confrontación entre grupos armados ilegales y del crimen organizado.
Un ejemplo reciente fue el de Cáceres, Antioquia denunciado esta semana por la entidad. Hay cerca de 1.000 familias que enfrentan hambre por confinamiento causado por estos grupos ilegales. Están actuando sobre 33 veredas de este municipio del Bajo Cauca antioqueño y muchos de ellos temen denunciar por que habría posibles retaliaciones. El defensor Camargo ha intentado articular a los organismos del Estado, pero la burocracia siempre es insuficiente, ya que los municipios afectados están desplegados pro todo el territorio nacional. En el Valle del Cauca, la entidad registra cerca de 800 asesinatos en los primeros siete meses de este año por parte de bandas criminales. En el Departamento del Huila, unas 860 personas tuvieron que desplazarse del corregimiento San Miguel, jurisdicción del municipio de La Plata por hechos violentos. Las historias son de no acabar, eso sin tener en cuenta los diferentes paros armados que se organizan en varios departamentos.
Lo más dramático es que se identificó que la mayoría de estos grupos ilegales buscan incidir nuevamente en las elecciones territoriales, tal como lo hicieron en las presidenciales de 2022. Hay candidatos a las alcaldías de pequeños municipios que se inscribieron coartados por estos grupos. Una vez estos candidatos de papel lleguen a posesionarse el próximo enero, el país podría estar ante un escenario de 40% o más de municipios en donde los alcaldes posiblemente seguirán órdenes o trabajarán de la mano con estas organizaciones. Las guerrillas y disidencias no van por las grandes capitales. Los medios de comunicación se enfrascarán en los próximos tres meses en los debates de grandes capitales como Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla. Los ilegales apuntan a ganar pequeñas poblaciones de los departamentos en donde habitan, para controlar a los mandatarios, poder inclusive apropiarse de recursos públicos, pero sobre todo garantizar que las autoridades no vayan a interferir en el negocio del cual todos estos grupos se financian: el narcotráfico.
Este despliegue lo hacen los ilegales, mientras el gobierno continúa su blanda política de “paz total”, cada vez más “impunidad total” para el negocio narco. Una pena que vivamos las elecciones próximas en estas condiciones. El narcotráfico permeó todo, ya hasta infectaron a la familia presidencial.