Empalme con dudas

Esta semana se inició formalmente el proceso de empalme entre el gobierno que termina y el nuevo elegido en las urnas el pasado 21 de junio. El Presidente Abelardo de la Espriella delegó en el vicepresidente José Manuel Restrepo la coordinación de un grupo de decenas de personas expertas en diferentes campos para recibir lo que haya pendiente y el estado de cuenta de cada entidad. La idea se formalizó hace más de 20 años cuando se promulgó la Ley 951 de 2005 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, conocida como la "Ley de Empalme". El texto establece la obligación para todos los servidores públicos y representantes legales de entregar los asuntos y recursos públicos al detalle. Se debe entregar un acta de informe de gestión para garantizar la transparencia y sobre todo trazabilidad en lo pendiente.

La primera sorpresa que encontró el nuevo gobierno es la idea que tiene el Ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, de dejar radicada una reforma tributaria el próximo 20 de julio cuando se instala la nueva legislatura. Restrepo repitió en varias entrevistas que el intento de Ávila es “perder el tiempo” y le sugirió que desistiera de la iniciativa. El tamaño y forma del ajuste fiscal que viene serán revelados luego del profundo análisis de las cuentas, algo que todavía falta por aterrizar. Lo miedoso es que el sucesor de Ávila, el nuevo ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, ya dió declaraciones en el sentido de que el gobierno saliente estaría “ocultando” información, y que él cree que el déficit fiscal, por ejemplo, es mucho mayor al que se ha cantado oficialmente.

Los movimientos del tesoro nacional son relativamente fáciles de rastrear, ya que aunque cada entidad del Estado tiene sus propias cuentas bancarias operativas, los movimientos de tesorería entre ellas no se hacen como transferencias tradicionales entre bancos privados, sino a través del modelo de Cuenta Única Nacional de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Gómez Martínez podría eventualmente hacer una auditoría de las transferencias que se movieron durante los cuatro años, pero para eso deberá destinar un ejército de analistas y forenses. Lo grave es que hay entidades que puntualmente manejan los recursos de otra manera, y tal como se descubrió en los últimos tiempos, contratistas y proveedores mueven porcentajes “fuera del sistema” para fines varios. Es imposible determinar cuánto se cayó de la mesa. Sobre la baja ejecución de muchas entidades, con el gasto y deuda crecientes todavía deben una profunda explicación.

Hay demasiadas dudas en temas de lo que se haya firmado con vigencias futuras, o sin ellas, como es el caso del sonado contrato de pasaportes. Hay nombramientos en el servicio exterior de última hora que después se demorarán en declararlos insubsistentes. El gran hueco viene en el sector salud, que tiene a varias EPS intervenidas y unas deudas impresentables, con decenas de pacientes esperando procedimientos y medicamentos. La Nueva EPS seguro sufrirá una profunda transformación, el problema es que llevamos dos años sin conocer unos estados financieros creíbles de la entidad. La realidad del problema está todavía por destaparse y puede ser un cáncer terminal.