El nombramiento reciente de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha sido el más cuestionado de los que ha hecho el Presidente electo en los últimos días. Corcho explicó esta semana que el gobierno pretende tomar unas “medidas de transición” y que la idea es dialogar con los integrantes del sector para evitar traumatismos, sobre la prestación de un servicio que es considerado derecho fundamental.

Paula Acosta, directora ejecutiva de Acemi, el gremio que agrupa algunas de las principales EPS del país, le envió una carta unas horas después de conocerse el nombramiento. En la misiva, Acosta le pide a Corcho una reunión formal de trabajo con Acemi para poder tener una conversación amplia y entender mejor la visión que tiene el nuevo gobierno sobre los temas esenciales.

Hay que reconocer que desde que se cambió del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, se han tenido mejoras sustanciales en los pagos a las EPS. El Acuerdo de Punto Final que se tramitó durante el gobierno saliente, ayudó a sanear cartera por cerca de $6 billones, correspondiente a servicios prestados en el pasado.

Hemos tenido en este Siglo, intervenciones y liquidaciones de diferentes entidades como Medimás, CafeSalud, Saludcoop y otras por diferentes motivos. Hay unas entidades muy buenas que han crecido y reciben usuarios de las liquidadas sin problemas como la Nueva EPS, Sura, Compensar, Sanitas, Aliansalud, entre otras.

La alarma que hay en el sector nace de los trinos, columnas y entrevistas de Corcho del pasado. En pandemia expresó en múltiples plataformas que había que “acabar” con las EPS para que los giros pasaran de la Adres a las secretarías de salud de los municipios, quienes luego pagarían a los hospitales y clínicas. En la práctica Corcho pretende generar más intermediarios, muchos de ellos de tinte político como alcaldes y gobernadores, para llevar el sistema a una torre de babel infernal. El mecanismo que hoy existe, en donde Adres actúa como una tesorería, funciona razonablemente bien. Los pagos de las EPS a clínicas y hospitales, en donde hay demoras en algunos casos, no se solucionan ni acabando las EPS, ni creando intermediarios políticos que podrían viciar el sistema. Hay oportunidades de mejora, pero se debe evitar a toda costa un salto al vacío. Las EPS no son únicamente intermediarios financieros, cumplen otras funciones que Corcho no quiere ver.

Los diferentes gremios están abiertos a dialogar, pero no a darle a Corcho un respaldo abierto, como si fuera un cheque en blanco a las decisiones que quiere tomar. Muchos de los cambios deben pasar por el Congreso, con Roy Barreras como presidente del Senado. Barreras lleva años estudiando el sector, lo conoce perfectamente bien, y con los contactos que tiene, ya se enteró que el nombramiento de Corcho es un lío para el nuevo gobierno. Cualquier reforma a la salud tiene más posibilidades de hundirse que de aprobarse.

La eliminación de las EPS fue una propuesta de campaña, pero jamás explicaron la reforma ni tampoco cuánto vale el cambio. Lo que puede salir mal saldrá mal, como dicta la Ley de Murphy. En este caso el exceso de ego es perjudicial para la salud.