La Procuraduría anunció esta semana que abrió investigación formal a Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y a la exministra de esa cartera Carolina Corcho. La motivación del ente sancionatorio viene motivada por desabastecimiento de medicamentos en toda Colombia. Fue la Sala Disciplinaria de Instrucción a quien le corresponde encontrar las causas por las que presuntamente se presentó un retardo injustificado en el mantenimiento normal de inventarios de medicamentos en el país. Es grave el asunto por la posible degradación en la salud de pacientes o cuando hay una forzosa interrupción de algún tratamiento médico.

La investigación busca determinar si hay o no un posible dolo, ya que los ministros de turno de cualquier gobierno deben ser los garantes, mejor dicho los obligados, a encargarse de que se mantenga el continuo funcionamiento de la salud en el país, lo cual incluye el suministro de medicamentos. Ellos deben propender por la negociación, abastecimientos de medicamentos y dispositivos médicos ante determinadas situaciones. Ya hay un daño causado. El ministro Jaramillo vociferó recientemente en un evento del sector que los pagos del mes de octubre los van a hacer en los próximos días. Ciertos pacientes ya conviven con efectos colaterales irreversibles. Lo increíble es que Jaramillo y Corcho son profesionales médicos.

Hay casos particulares muy graves como los desabastecimientos de Inmunoglobulina, Oxicodona, Interferón y anestesia local. Los expertos señalan que sin estos medicamentos no hay como hacer tratamientos delicados como enfermedades reumáticas, la enfermedad de Kawasaki, Hepatitis C y dolores sostenidos y graves asociados. En el caso de la Inmunoglobulina no hay actualización de su estado, u información oficial relevante desde febrero de este año sobre las importaciones, que se supone están totalmente frenadas. Ese es uno de los ingredientes que va a investigar la Procuraduría.

Más allá de lo jurídicamente vinculante o de las decisiones formales queda el manto de duda ético. Hay claramente un plan del gobierno actual para desmejorar la calidad de la prestación del servicio en general. Cruza con la narrativa de la reforma a la salud que están impulsando en el legislativo. Es evidente que quieren quebrar a las EPS. Ya destaparon las cartas en el sentido del manejo monopólico de los recursos financieros del sistema. Como en cualquier monopolio se vuelve malo el servicio y se encarece inmediatamente su precio.

Se comprueba entonces que el apodo que se ganó en el sector salud la “Doctora Muerte” no era un remoquete por molestar. Realmente hay una agenda malévola y oscura de degradar el sistema para control de la población. Lo mismo que estaría pasando en la eventual reforma a las pensiones. No piensan en los pacientes, piensan en imponer una ideología sin medir las consecuencias financieras, operativas, humanas o sociales. Están en juego las vidas de muchos colombianos que hoy tienen ya enfermedades por tratar y se exponen a riesgos inminentes e innecesarios. Ojalá la Procuraduría haga una buena y seria investigación, que consigan el acervo probatorio necesario para tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos. Hay que apretar a los que hablan mucho pero hacen poco.