El próximo 8 de febrero, a sólo cinco días de que Francisco Barbosa termine su período, se volverán a juntar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para votar en sala plena la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. La primera sesión resultó ser un rotundo fracaso para quienes esperaban que se eligiera ese día. No hubo acuerdo en las tres rondas de votación y el voto en blanco hizo su aparición. El pronóstico de los expertos en la materia es que la indecisión seguirá liderando por un buen tiempo, así que todos nos tendremos que acostumbrar a la interinidad del ente acusador que inevitablemente quedará en manos de la vicefiscal encargada Martha Mancera.
La tensión en la elección de fiscal no es algo nuevo. La historia reciente lo demuestra. Después de una interinidad de 16 meses con el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago en el cargo, el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2010 propuso una terna conformada por Viviane Morales, Juan Carlos Esguerra y Carlos Gustavo Arrieta. En ese momento únicamente había 18 magistrados posesionados en la Corte Suprema por lo que el presidente de la corporación, Jaime Arrubla, cambió el reglamento para que pudiera haber una definición. La ganadora fue Morales con 14 votos quien se posesionó en enero de 2011. En febrero de 2012 el Consejo de Estado en un contundente fallo reiteró que la votación de esos magistrados fue inválida y que Morales hubiera necesitado 16 votos como lo establece el reglamento inicialmente, es decir dos terceras partes de los 23 magistrados, así solo hubiera 18 disponibles.
El voto en blanco se vuelve un seguro cuando los magistrados no saben qué hacer. Cabe recordar que durante el primer semestre de 2024 se vencen los períodos de cinco de ellos, y los que van a permanecer intentarán que la votación se dilate hasta cuando haya una sala plena nueva. Tanto salientes como los que seguirán tienen claro que cada ronda que pase sin elegir fiscal puede valorizar su voto. Esa moneda de cambio puede potenciarse especialmente cuando la Fiscalía deberá tomar decisiones en el caso del hijo del Presidente de la República y otros procesos clave para su entorno cercano.
El gobierno busca mecanismos de presión con plantones, campañas en redes sociales y acciones diversas de ciudadanos preocupados, pero para efectos de la Corte Suprema todo eso termina siendo contraproducente. Hay magistrados que manifiestan en privado que esa presión lo único que logra es un efecto contrario. Reiteran que se tomarán todo el tiempo que sea necesario para elegir. El presidente Gustavo Petro hizo la tarea, mucho antes de lo establecido entregó las hojas de vida de juristas con reconocida trayectoria. La votación debería suceder cuanto antes, es el deber ser. Pero la realidad es evidente: los magistrados tienen intereses que prolongarán la decisión. No incumplen la norma, mientras estén votando, pero seguirá ganando el blanco.
El laberinto extenuante perdurará con Mancera en el cargo por lo menos por unos buenos meses del resto del año. Muy parecido a lo que ocurre con la elección del nuevo Contralor, cuyo proceso de elección está todavía en pañales al tiempo que se reparten contratos por doquier en la entidad encargada de cuidar los recursos públicos.