Tras la renuncia de la directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea del Pilar Malagón, se destapó un cartel dentro de la Unidad donde primaban los conflictos de intereses, sobornos, extorsiones e irregularidades procesales. Malagón operaba con la ayuda de su amiga y subalterna la fiscal Alejandra Ardila Polo. Cuando la fiscal Ana Catalina Noguera reemplazó a Malagón a mediados del año 2018, Ardila Polo fue reubicada fuera de la Unidad y estuvo bajo observación. Entre los casos que estuvieron bajo la influencia de Malagón y Ardila, el que tuvo las consecuencias más graves tanto para la Fiscalía como para el país es el caso del proyecto inmobiliario Meritage. Su mal manejo invita a las autoridades a indagar sobre las reales motivaciones de las funcionarias durante sus cargos.
El caso empezó con la denuncia interpuesta en el año 2014 por Iván López Vanegas, condenado por delitos de narcotráfico, poco después de que se anunciara el proyecto. Según sus declaraciones, el terreno donde se construiría el proyecto le pertenecía y lo había perdido luego del secuestro de su hijo que tuvo lugar mientras López se encontraba en los Estados Unidos cumpliendo su condena por tráfico de estupefacientes. Las autoridades americanas y colombianas desestimaron la denuncia de López como una fabricación sin fundamento. Sin embargo, López contrató a Víctor Mosquera Marín, un abogado con importantes conexiones políticas, y poco tiempo después la fiscal Malagón asignó la investigación a su amiga Ardila Polo. Mientras tanto, Mosquera les ofreció a los desarrolladores del proyecto una “solución amigable”. Pocos días después que los desarrolladores rechazaran su oferta, Ardila Polo anunció medidas cautelares en contra del proyecto, llevando la obra a suspensión.
Varias cortes habían encontrado graves irregularidades en el manejo del caso Meritage. Según uno de los jueces, Ardila Polo y Malagón intentaron iniciar un proceso disciplinario en contra de una fiscal auxiliar por haberle entregado legalmente el documento de control de medidas cautelares al abogado del proyecto, Francisco Sintura. Otro juez encontró que el caso manejado por Ardila Polo estaba lleno de irregularidades procesales que vulneraban los derechos de los inversionistas inocentes fe del proyecto. La defensa de los desarrolladores del proyecto interpuso una denuncia ante la Fiscalía por extorsión, que no recibió la atención necesaria por parte de la entidad. Por esto, decidieron acudir a un tribunal internacional de arbitraje para interponer una demanda sustentada en el incumplimiento del tratado de libre comercio entre EE.UU. y Colombia, ya que la mayor parte de los inversionistas son americanos.
Ahora Colombia se enfrenta a otro complejo escenario de arbitraje internacional, que podría significar un riesgo multimillonario para los contribuyentes colombianos, además de correr el riesgo de afectar su imagen ante inversionistas extranjeros. Todo por el imprudente y caprichoso actuar de Malagón y sus subalternos, cuya motivación era el beneficio personal. Las recientes revelaciones sobre la Unidad de Extinción de Dominio le suman al cuestionado legado de la Fiscalía preguntas sobre la vigilancia de Néstor Humberto Martínez; la participación (oficial o no) de miembros de inteligencia militar colombiana y extranjera en la entidad; y el debido proceso necesario para las víctimas de las irregularidades procesales de la unidad.