Hemos tenido en 2020 varias situaciones que algunos colegas han señalado como ataques a la libertad de prensa. La opinión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Hoy con las redes sociales todo ciudadano tiene la posibilidad de que miles vean esas opiniones. Cuando la libertad de prensa se confunde con la irracionalidad de decir cualquier cosa, sin ninguna responsabilidad, ética o racionalidad, ya no estoy tan seguro que eso sea lo que quieren las audiencias.
Es incómodo para cualquier periodista recibir un derecho de rectificación. Es el mecanismo que tienen los ciudadanos que sienten sus derechos vulnerados. En el terreno de tutelas, derechos de petición y otros mecanismos jurídicos, que nunca son expeditos, se distorsiona la velocidad de la respuesta que a veces llega demasiado tarde. Muchas personas ni hacen el intento de rectificación pues consideran que mientras se surte el proceso el daño ya está suficientemente hecho. La rectificación a veces se vuelve revictimización.
Algunos han cuestionado decisiones judiciales que se han producido contra periodistas. La rama judicial se ha metido en un terreno pantanoso. El manejo de fuentes, grabaciones, conversaciones privadas, lo que se hace público por accidente o por chuzadas. ¿Qué es legal y qué no? La información inevitablemente viaja a gran velocidad y es difícil de detener por la tecnología disponible. La censura, la autocensura, reuniones con fuentes, muchas que están en la ilegalidad, generan un ecosistema de difíciles límites legales. Los periodistas siempre han dicho que no revelar la fuente es la prioridad. Cuando una reunión con una fuente, o una situación se encuentra en el borde de la legalidad, ahora se confunde con que ciertos periodistas creen tener “fuero” para decir lo que sea (a veces sin fundamento) y destruir la reputación de una persona o empresa en cuestión de minutos.
En promedio la calidad del periodismo viene en picada. La culpa no es de los periodistas. El problema no tiene fácil salida. El gran negocio de la publicidad que históricamente financió a los medios viene cayendo sostenidamente. La publicidad tradicional sigue a la baja y llegó ahora a redes y plataformas que no son medios y no pagan salarios de periodistas. Muchas veces el contenido lo “regalan” los usuarios. Los pocos y mal pagos periodistas que quedan en los medios tradicionales son el perfecto caldo de cultivo para la desinformación, que infortunadamente algunas veces es pagada por terceros. Hoy más que nunca hay periodistas fácilmente vulnerables, con incentivos económicos perversos. Muchos sobreviven con venta de pauta, otros como influenciadores de redes. La SIC ya reguló la publicidad de las marcas en redes, le falta un largo camino y es la publicidad negativa que hacen unas marcas contra otras, a veces disfrazada de “opinión”.
Ahora hay periodistas que ofician de jueces, dioses del Olimpo que pueden acabar con cualquiera. Hace falta un gran compromiso ético entre todos los de este oficio. No es cierto que bajo el manto de la libertad de prensa se puedan violar las leyes. Así como se exige a la rama judicial, los periodistas debemos tener un mínimo de responsabilidad sobre los contenidos que entregamos a nuestras audiencias.