Necesitamos urgentemente una gran reforma a la justicia. Esta rama de poder tiene un atraso en sus procesos, múltiples problemas en digitalización y lo más grave: perfiles de funcionarios y administradores de justicia que no concuerdan con la realidad del Siglo XXI. Ni hablar de la falta de presupuesto que año tras año se convierte en el dolor de cabeza. Ha quedado evidente, una vez más con la frustrada elección de Fiscal General de la Nación, lo alejado del mundo terrenal en el que viven algunos miembros de las cortes. En ese caso específico, el cuello de botella de la elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, resulta incomprensible para el ciudadano común, quien desconoce los detalles y problemática detrás de cámaras que tienen para avanzar.

El proceso de elegir Fiscal no es el único drama. En las cortes hay problemas similares con mandos medios. En tribunales y juzgados la mano de obra es sencillamente insuficiente. Los casos casi siempre avanzan a paso de tortuga. La expectativa de la sociedad es paupérrima frente a un servicio que es básico. Muchas veces la gente no entiende el sentido de los fallos. Hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia volverán a reunirse para intentar llegar a un acuerdo unánime, que es la única salida para avanzar. De lograrse el milagro hoy, el nuevo Fiscal General sería Francisco Barbosa.

Si no gana Barbosa, quedamos en manos nuevamente de nombramientos de magistrados que siguen vacantes hace rato. Esto es una vergüenza. Que la sala plena no haya modificado un reglamento de votaciones obsoleto deja en evidencia que las prioridades están trastocadas. Dicen los que saben, que al interior de las otras cortes todo funciona similar.

En resumen, hay un reinado de la negligencia, común en muchos servidores públicos. Las actuaciones de particulares externos tampoco ayudan. Esta semana la Corte Constitucional seleccionó 37 tutelas en donde 36 de ellas solicitaban que se autorizaran terapias onerosas y especializadas para niños y jóvenes entre dos y 20 años, supuestamente con alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas. El país se aterró al conocer de la posible existencia de una nueva modalidad de cartel en la salud.

El panorama se oscurece cuando no es negligencia de una entidad. En la Fiscalía tenemos ejemplos aterradores en el tema de tierras o predios. El exfiscal César Sarmiento, emitía falsas resoluciones y documentos ilegales de posesión para comercializarlos. También la exfiscal Hilda Niño, dentro de su principio de oportunidad, habría acordado declarar en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía General, quienes al parecer lideran un cartel de corrupción extorsionando a los investigados, lo que constituiría otra olla podrida dentro de la entidad.

Nuestro diario tuvo acceso a un caso con documentación probatoria muy grave que involucra supuestamente a la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio, Andrea del Pilar Malagón y algunos de sus colaboradores inmediatos. Su improcedente actuar en el manejo de los casos estaría salpicado de abusos de poder y conflictos de interés, donde ella, sus subalternos y respectivas parejas sentimentales se habrían beneficiado. Entre estos, se encuentran presuntos delitos de concierto para delinquir, invasión de tierras, fraude procesal y urbanización ilegal. En una próxima entrega revelaremos detalles de este reciente escándalo que deja un manto de duda sobre el actuar de esta Unidad, como si el gato se comiera el queso.