Sin duda alguna, el debate que debería estar dando hoy el país en materia de salud es sobre su sostenibilidad financiera. La financiación del sistema depende en gran medida, cerca de 40%, del Presupuesto General de la Nación y de las cotizaciones de colombianos que equivalen a 37%. Estas fuentes que fluctúan año a año se suman a los recursos del Soat, entre otros, y son el respaldo financiero. Se requiere de un gobierno articulado, que busque solucionar de manera eficiente y sin detrimento en la calidad del servicio, los retos financieros para garantizar los servicios que requieren los ciudadanos para recuperar o mejorar su condición de salud.
De acuerdo con la Ley Estatutaria en Salud, los ciudadanos tienen derecho a todos los servicios y tecnologías que requieran para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de las enfermedades. Para pagarlos el gobierno debe garantizar la suficiente financiación con la Unidad de Pago por Capitación UPC y los Presupuestos Máximos, lo cual financia lo no incluido en el Plan Básico de Salud. Más de la mitad está destinado a enfermedades huérfanas. La UPC tiene retos complejos. Según expertos del sector malos cálculos e insuficiencia pueden hacer colapsar el sistema en pocos meses. Hoy pacientes, familias y cuidadores a quienes se les reconocen sus medicamentos o servicios a través de los presupuestos máximos están viviendo un viacrucis desde finales de 2022.
En 2023 había $2,5 billones para Presupuestos Máximos, cuando en 2022 se habían ejecutado más de $4 billones. Es un despropósito hacer un cálculo así cuando para el mundo es claro que el gasto en salud no es estático, y tampoco decreciente por más acciones de prevención y promoción que se adelanten. Con adiciones presupuestales se lograron obtener algunos recursos adicionales pero resultaron insuficientes. Retrasando los pagos por meses, y que a la fecha aún no se hayan girado esos $2 billones a las EPS, lo único que han logrado es colapsar el sistema dejando a pacientes crónicos sin terapia y sin respuesta. 2024 será igual o peor.
Pacientes con enfermedades huérfanas o que requieren servicios complementarios siguen sin tratamientos. La Adres presupuestó $315.000 millones únicamente, 6,7% del gasto estimado para este año por Anif. La situación ha hecho que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto, señalando que existe un bajo nivel de cumplimiento de la suficiencia de los Presupuestos Máximos y que existen problemas en la fijación de presupuestos y puntualidad en los pagos. A la fecha Adres debe por presupuestos máximos más de $3 billones que profundizan la “crisis explícita” tan anunciada por la exministra Carolina Corcho.
¿Quién podrá defender la salud de los colombianos? No hay dinero. Estamos al borde de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos, sin plata que el Gobierno está obligado a girar no se pueden prestar los servicios.
Es indispensable que el Ministro de Salud aclare las cuentas y deje de decir mentiras a los gritos. Las cifras suyas no coinciden con las de los prestadores de servicios. Esto es de vida o muerte. Los retrasos y los malos cálculos de dinero ponen la vida de muchos colombianos en riesgo extremo. No es un tema menor.