Molina sin pena ni gloria

El Proyecto de Ley sobre equidad de Internet que presentó el anterior ministro TIC, Julián Molina, al Congreso se acaba de desinflar con la renuncia del funcionario. La iniciativa pretendía volver a catalogar servicios de telecomunicaciones como domiciliarios en contravía del avance legislativo específico para el sector TIC desarrollado hace más de 15 años en nuestro país. Recordemos que en 2009 se aprobó Ley 1341 que organizó el sector telecomunicaciones y tecnología. Esa ley se aprobó tras evidentes diferencias en las características técnicas y económicas de la prestación de los servicios de telecomunicaciones (en especial por la evolución y convergencia tecnológica) frente a los servicios de electricidad, gas natural, aseo y agua potable.

El texto propuesto por Molina incluía medidas de toma de posesión y expropiación de empresas de telecomunicaciones. Este tipo de adefesios lo único que logra es desincentivar la inversión en el sector y el país. Otro punto delicado que pretendía Molina era el de eliminar las sanciones que podría imponer la CRC a los actores de la industria cuando no se le suministra la información que requiere para la realización de sus estudios técnicos y de mercado. Esta información constituye la base del ejercicio de las funciones de cualquier autoridad regulatoria en el mundo. Sin datos es imposible realizar análisis serios y rigurosos.

Molina pensaba que se debía obligar a otros agentes del ecosistema TIC, como las empresas que prestan servicios de torres y las plataformas digitales, a inscribirse en el Registro TIC a título informativo. Esta medida buscaba en realidad que frente a esos agentes también recayera toda la regulación, control y vigilancia del sector. La inscripción en el Registro no opera sólo a título informativo como dice el proyecto, sino que con la misma se formaliza la habilitación general para proveer redes y servicios de telecomunicaciones.

En general el proyecto se quedaba corto ya que no atacaba los problemas de raíz que tiene el sector. Se necesita una verdadera reforma al Fondo TIC para hacer más eficiente su gasto y que se reduzcan las cargas y aportes económicos a las empresas de telecomunicaciones. También se necesita una mayor simplificación y flexibilización de las cargas y obligaciones regulatorias a las empresas de telecomunicaciones.

La gran pregunta que hemos hecho en este y otros espacios periodísticos, es que no se sabe con claridad cómo se va a financiar la declaratoria de internet como derecho fundamental. Alguien tiene que pagar la fiesta ya que no se paga sola ¿Quién financiará las redes, infraestructura y servicios para garantizar la materialización de ese derecho? ¿Cómo se explica que el Gobierno quiera que las tarifas de estratos socioeconómicos altos sean las que subsidien a los estratos socioeconómicos bajos cuando el Departamento Nacional de Planeación tiene un proyecto paralelo de eliminación de los niveles socioeconómicos en el país? Lo que queda claro es que Molina estaba organizando un proyecto para “venderse” como el más progresista, ya que venía caído frente al gobierno de Petro. Sale por la puerta de atrás y creería que el trámite del Proyecto de Ley se va con él hacia el archivo inminente en el Legislativo. Se fue sin pena ni gloria.