El Estado colombiano recibe nuevamente una notificación internacional de una posible demanda que superaría la cifra de US$309 millones. Una más de tantas. Menos horas de sueño para Camilo Gómez. Un grupo de empresarios norteamericanos acaban de hacer su movida judicial que, en un principio, es un llamado a conciliación previo a una reclamación formal. Este grupo de inversionistas internacionales son los que montaron el proyecto inmobiliario “Meritage” a las afueras de Medellín.
Según la información obtenida por la Fiscalía en pasadas administraciones, los dineros que sirvieron para la adquisición del predio provenían de actividades ilícitas y estarían vinculados con miembros de la temible “Oficina de Envigado”. La expropiación del lote en 2016 se realizó de manera irregular, tal como lo documentamos en este diario en “Las Manzanas podridas de la Justicia” (Parte I, Parte II y Parte III). Varios meses después de las publicaciones, otros medios comenzaron a hablar del tema, destapando nuevos elementos probatorios. Se evidenció que, en el ente de control, especialmente durante la administración de Eduardo Montealegre, ocurrieron hechos y episodios inauditos, casi de ciencia ficción.
Los inversionistas del proyecto inmobiliario en Envigado, que fue embargado presuntamente de manera irregular por Fiscalía, son: Ángel Samuel Seda, JTE International Investments LLC, Jonathan Michael Foley, Stephen John Bobeck, Brian Hass, Monte Glenn Adcock, Justin Timothy Enbody, Justin Tate Caruso y la firma Boston Enterprises Trust. Iván López, un narcotraficante extraditado a EE.UU. en 2003, afirmaba que el predio le pertenecía. El FBI no lo creyó, sumado a que los inversionistas denunciaban constantemente que López los extorsionaba. En la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía sí le creyeron, momento en el que se origina todo el enredo.
El Estado colombiano tiene ahora una posición que justificar, sin importar el nivel de corrupción permeada en la Unidad. No valen los sobornos a los fiscales por parte de López. La única variable que basta es que el predio a juzgar haya estado vinculado con narcotraficantes. No existe conexión alguna con los actuales propietarios que justifique la extinción. Esta posición no solo es contraria a la Ley de Extinción de Dominio, que protege a compradores de buena fe, sino que también es desproporcionada por todas sus implicaciones. Es un duro desincentivo económico para los inversionistas de proyectos inmobiliarios, e indirectamente contra toda la inversión extranjera.
En el aire quedó la debida diligencia contratada con una reconocida fiduciaria. Hubo una carta de garantía de la misma Fiscalía que aseguraba que ninguno de los antiguos propietarios era sujeto a investigación alguna. No valió de nada el extenso estudio jurídico elaborado por una renombrada firma de abogados. ¿Qué garantía tiene entonces un inversionista extranjero al hacer compras de predios, si incurre en todos los gastos para poner filtros? Los fiscales del caso Meritage fueron retirados hace rato pero el daño está hecho. No solo se truncó el negocio, ahora todos los colombianos quedamos expuestos a pagar los efectos secundarios de ineficiencia y corrupción. Como si nos sobraran US$309 millones.