En las últimas horas el Gobierno Nacional decidió no llevar todavía al Congreso el texto para volver a presentar lo que insisten en llamar Ley de Financiamiento, que realmente es una reforma tributaria más. La Corte Constitucional tumbó la recién aprobada y, en una decisión ampliamente generosa, le dio oxígeno para que respire hasta final de 2019. Esto quiere decir, que estamos a menos de 50 días del final de año y el panorama tributario para la vigencia fiscal del 2020, con afectaciones a IVA y a la Renta (que se pagaría en 2021), es incierta. Desde el interior del Gobierno se dice que saldrá igual, que no tiene cambios, pero lo que se oye en las UTL de algunos congresistas es bien diferente. Va a tener cambios significativos en la forma, el modo, el costo de transacción y en el resultado final. Las votaciones de la jornada pasada de elección de alcaldes y gobernadores dejaron un mensaje muy claro: el partido de Gobierno y sus pocos aliados son, como la antigua HJCK, una inmensa minoría.

En el marco de lo anterior, hay que mencionar también que algunos congresistas ven el río revuelto como la gran oportunidad de figurar. Los motivos difieren caso a caso pues hay unos que buscan mostrar dientes frente al Gobierno Duque, otros por pulso político frente a las bancadas, mientras algunos lo que quieren es salir más en los medios y brillar ante sus votantes. El que presente alguna iniciativa que ayude a cuadrar las finanzas públicas en el corto plazo tendrá la sonrisa navideña del ministro de Hacienda, Carrasquilla. Hay puntualmente dos iniciativas que se están cocinando, una de ellas ya radicada y la otra apenas saliendo del congelador para esperar ingresar al horno de cocción.

Mauricio Toro, representante a la cámara del Partido Verde, plantea en su proyecto de ley regular los impuestos y condiciones de las plataformas que se especializan en el servicio de transporte, como Uber, Cabify, Tappsi y otras similares. Varios ministros de Transporte de este y el Gobierno anterior nunca pudieron regularizar el tema entre taxistas tradicionales y los conductores digitalizados. Los diferentes MinTIC promueven neutralidad de la red y no se han querido meter en ese terreno, ya que el Estado debe promover digitalización, emprendimiento de economía naranja y todo ese discurso, que va en contravía de que las nuevas compañías paguen mucho más de lo que ya lo hacen.

La segunda iniciativa, de congresistas de otro partido, intenta traer al país el impuesto francés GAFA, que fue implementado recientemente contra las empresas gigantes de tecnología norteamericanas en su territorio. GAFA, que viene de las iniciales de Google, Amazon, Facebook y Apple, entre otras, y los obliga a pagar un porcentaje sobre el volumen de ingresos, adicional a los impuestos de Renta y a las ventas ya existentes. Los franceses han intentado que el nuevo impuesto se extienda a toda la Unión Europea, lo cual ha sido interpretado por EE.UU. como un ataque diplomático ya que la mayoría de empresas que pasan el filtro de GAFA son de ese país.

Nuestros avezados congresistas quieren traer esa fórmula, con el argumento de que pronto se globalizará el tema y que ese tipo de compañías deben gravarse en donde tengan usuarios y no en donde desarrollen sus algoritmos únicamente. Otro frente de batalla que deberá sortear la ministra TIC, Constaín, para que decisiones legislativas no afecten este sector que ya viene de una remodelación reciente con la Ley de Modernización.