Quieren acabar el Icetex

El Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Mariano Ospina Pérez - se fundó en agosto de 1950. La creación del Icetex surgió de una iniciativa de Gabriel Betancur Mejía, quien luego fue nombrado como Ministro de Educación por el presidente Ospina. Betancur decidió impulsar la iniciativa, ya que cuando cursaba estudios en una universidad del exterior, pensó en la necesidad de proporcionar una ayuda económica a miles de estudiantes que no podían adquirir una formación técnica en otros países por falta de recursos económicos.

El ministro de Educación Daniel Rojas se convirtió en el centro de debate al responder un trino de la periodista Paola Herrera en la que ella expresaba que “fuentes del sector aseguran que el ministro quiere “marchitar” al Icetex para priorizar la política de gratuidad”. El encargado de dirigir las riendas del campo educativo del país respondió de manera jocosa: “¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector?”. Rápidamente varios internautas le recordaron a Rojas que como ministro de Educación ostenta la presidencia de la junta directiva del organismo de crédito. En entrevistas posteriores, Rojas señaló al Icetex de ser la entidad culpable inclusive de suicidios de estudiantes por cobrar tasas de interés “abusivas”.

En el sentido estrictamente jurídico, al remitirse a la Ley 1002 de 2005, el absolutamente claro que el Icetex está vinculado al Ministerio de Educación por su naturaleza especial y adscrito al Ministerio de Hacienda. En posteriores mensajes Rojas se remitió al Decreto 492 de 2020 del gobierno Duque, que dentro de su texto habla de los giros presupuestales en donde el Icetex está vinculado como dependiente al Ministerio de Hacienda.

El “desmarque” que Rojas intenta hacer tiene un fondo más allá del semántico. A la hora de definir los rumbos del presupuesto general de la Nación el gobierno (en el que Rojas y Bonilla trabajan) escogió reducir de manera significativa los giros para el año entrante hacia la entidad. Algunos especialistas hablan de una reducción de cerca de $400.000 millones, con lo cual estarían afectando a cerca de 200.000 universitarios que dependen de esos recursos para completar sus estudios.

El Pacto Histórico toma las decisiones en un marco más amplio. Hay una iniciativa sistemática de intervenir el sector educativo, con acciones que incluyen la injerencia de la elección de rectores de universidades públicas y privadas como ya se ha demostrado en el caso de la Nacional y el Rosario. El Gobierno ha dicho abiertamente que le gustaría que todas las universidades tuvieran procesos de elección que no dependan de cuerpos directivos sino de los votos de los estudiantes y profesores. Otro de los ingredientes del proyecto político es el de desmantelar los préstamos a universitarios que se educan en instituciones privadas, privilegiando recursos hacia la gratuidad de las instituciones públicas. Por supuesto no hay una iniciativa del gobierno hacia el mejoramiento de la educación, ni de profesionalización o modernización de los docentes del país. Lo único que les interesa es tomar el control de los espacios estudiantiles. La calidad de la educación, bien gracias.