Hace algunos años, en este mismo espacio, denunciábamos una serie de irregularidades y situaciones extrañas en el marco de un contrato de la termoeléctrica Gecelca y un proveedor de China para la construcción de una de sus unidades en el municipio de Puerto Libertador en el Departamento de Córdoba. En aquel escrito de 2013, se podía pensar que, como todo contrato de connotación estatal, este también tendría problemas, dificultades y elementos extraños. La realidad superó la posible proyección que se pudiera tener de la época.
En un reciente y muy curioso fallo de la Corte Constitucional, que se pronunció por una demanda de incumplimiento del contrato, se concluye que ahora Gecelca deberá devolver a sus proveedores el valor correspondiente a facturas del proceso de elaboración y construcción de la obra que tuvo muchísimos problemas y diferentes irregularidades. Gecelca debe desembolsar aproximadamente US$20 millones. Ese fallo resulta de un Tribunal de Arbitramento que se suscribió entre Gecelca y el consorcio CUC-DTC, en donde están las empresas United Corporation y la empresa Dongfang Turbine Ltda. La Corte textualmente dice que Gecelca debe pagar al consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del laudo final la suma de US$389.915,13”. Adicionalmente la Contraloría General de la República encontró responsabilidad fiscal por $97.602 millones en la comercializadora y generadora de energía debido al lucro cesante ocasionado por los incumplimientos reiterados y sistemáticos del contratista chino.
La Corte Constitucional consideró que Gecelca no podía suspender las actividades de construcción en la central como lo hizo por tres meses de 2014. El incumplimiento en pago de facturas generó una diferencia económica entre las partes que terminó llegando al Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio. Gecelca no solamente no pago algunas de las facturas, sino que además impuso una multa supuestamente “indebida” al consorcio, por demoras en las entregas de los avances parciales de la obra de US$10 millones, que adicionalmente los descontó del saldo de los pagos totales que adeudaba a la fecha de la imposición de la multa.
Desde el inicio de la obra había dudas. El episodio en donde la Cancillería colombiana dejó un muy mal precedente al haber legalizado a las malas y por la puerta de atrás una cantidad de trabajadores chinos que trajeron por barco, sin visa de trabajo, en condiciones precarias, fue la primera gran tarjeta amarilla. Hubo retrasos y dilaciones del contratista en temas de planeación, ejecución, logística, pagos, construcciones, que se evidenciaban continuamente porque siempre había falta de trabajadores especializados que llegaran a solucionar los problemas en la zona. La idea original era que Gecelca debía entrar en operación en 2012, pero realmente se entregó en septiembre de 2015, con tres años de retraso y unos sobrecostos descomunales.
Como la falta de criterio de los directivos de Gecelca es infinita, le adjudicaron al mismo consorcio un contrato similar de US$300 millones para construir la central Gecelca 3.2 con fecha posterior. Comen cuento chino muy fácil.
Resumen del operativo: perdieron los colombianos, perdió Gecelca, perdió el sistema eléctrico y la matriz energética nacional que está insuficiente para los próximos años debido al retraso de Hidroituango. Los únicos que ganaron fueron los contratistas chinos incumplidos.