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En la teoría, la libre competencia económica tiene tres propósitos fundamentales. En primer lugar, se debe garantizar el bienestar general de los consumidores y que el mercado tenga los suficientes tipos de bienes y servicios a más bajo costo posible. Los empresarios en una libre competencia deben esforzarse por ofrecer a los clientes “más y mejores productos y servicios al menor precio”.
En segundo lugar, debe haber volumen de oferta. Los mercados deben ser amplios en oferta y demanda, con empresarios cada vez mejores gracias a la necesidad misma de competir. Al final, por la dinámica actual de globalización, los participantes deben ser más competitivos para participar en territorios nacionales y extranjeros. Por último, se debe garantizar la eficiencia económica, en el sentido de que los recursos de la sociedad, cada vez alcancen para comprar más y mejores bienes, con menos esfuerzo económico del consumidor o comprador.
El Estado, a través de las diferentes entidades públicas nacionales y regionales, requiere para el cumplimiento de sus funciones y la operación, la adquisición de bienes y servicios. Como cualquier empresa o consumidor, se gasta en papelería, comida, suministros, uniformes, transporte y otra serie de gastos operativos importantes. Hay que tener en cuenta que los planes de desarrollo y proyectos de infraestructura o tecnológicos también incluyen hacer carreteras, puertos, aeropuertos, parques, y para ello tiene recursos públicos limitados incorporados en los presupuestos oficiales. Este dinero en el fondo es de nuestros impuestos, es de todos los colombianos.
El Estado es un gran demandante de bienes y servicios; es un actor fundamental en la mayoría de cadenas de valor que conforma la economía hasta el punto de que, según estimaciones de la Ocde, las compras públicas que realiza representan aproximadamente 15% del Producto Interno Bruto en la mayoría de los países del mundo. Así las cosas, el Estado y las distintas entidades públicas son el principal actor de la economía como comprador.
Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio, ha venido liderando un esfuerzo por desmantelar los carteles que inflan los precios al Estado en diferentes tipos de licitaciones. Hay malas prácticas generalizadas, como en los servicios de alimentación para colegios públicos a nivel nacional. Los contratistas se ponen de acuerdo para inflar los márgenes y subir el costo de alimentación en todas las licitaciones públicas. Luego se reparten los mercados por regiones. Colusión total a costo de nuestra educación. Recientemente, la SIC descubrió la misma mala práctica con otro grupo de contratistas en los servicios de alimentación para adultos mayores.
Cuando se trata de cartelizaciones y hay dineros públicos involucrados, estamos hablando de un delito penal. Lo grave es que la sanción fue interpuesta a supuestas Fundaciones Sin Ánimo de Lucro, que se supone son entidades cuyo objeto social es para otra cosa. El superintendente Pablo Felipe Robledo tiene varios supuestos carteles de sector público en la mira: uniformes y alimentación del Ejército; servicios de transporte en alcaldías; herramientas y maquinaria para hospitales públicos o papelería y viajes de entes territoriales. En todas partes se ponen de acuerdo entre los competidores para tumbar al Estado. Hay gente que se acostumbró a que es normal robarle al país. Ojalá vengan sanciones en este tenebroso inframundo de los contratistas estatales regionales.