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En Bogotá avanza con fuerza por tres caminos diferentes el proceso de intentar llevar a una revocatoria al actual alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa. Uno de los tres grupos, que tiene abiertamente el apoyo del exalcalde Gustavo Petro está siendo configurado como plataforma política de campaña presidencial. Petro intenta mostrarse ante sus votantes como el líder que es capaz de poner contra las cuerdas a Peñalosa, y eso dentro del juego político es un intento arriesgado pero fácil de hacer. Alguien que ya pasó por la administración, con muy poca ejecución, es consciente de lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir.
Los otros dos grupos no petristas que intentan avanzar en la revocatoria provienen del famoso Sindicato de Trabajadores de la ETB, Sintrateléfonos. Ambos grupos quieren revocar al alcalde por objetivos diferentes. Hay un grupo abiertamente político, con altísima afinidad en el vetusto Moir, o Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Hoy son una vertiente del Polo y sus principales figuras son el senador Jorge Robledo, el columnista radial Aurelio Suárez, el concejal Manuel Sarmiento, y el directivo del Fondo de empleados Jesús Bernal Amorocho, quien también fue presidente del sindicato de Telecom.
El Moir tiene cooptados cuatro de los 10 miembros de la actual Junta Directiva. El otro grupo que representan los seis directivos adicionales es no político, de trabajadores históricos que tienen como objetivo común frenar el proceso de venta de las acciones que tiene la Alcaldía en la ETB. (Ver cuadro).
En la más reciente asamblea del sindicato, se aprobaron más de $2.000 millones para la campaña de revocatoria. Una parte de estos recursos financia los procesos de recolección de firmas. Hoy pagan $150 por rúbrica obtenida para los que hacen labor de campo. Entre las dos listas ya tienen las firmas suficientes y el resto del dinero no saben aún cómo invertirlo, pues no hay unanimidad en el procedimiento de inflar una campaña en medios contra Peñalosa.
La cifra no es despreciable y recordemos que históricamente, cuando Sintrateléfonos actuó de manera organizada, logró eventos significativos como tumbar en el Consejo de Estado en 2013 el nombramiento de Cristina Plazas como alcaldesa ad hoc para iniciar un proceso de venta, o cuando frenaron en 2009 con una acción popular la búsqueda de un socio estratégico para la ETB. También hay que decir que fueron los sindicalistas, quienes junto a Saúl Kattan presionaron y casi que forzaron a la compañía a entrar al negocio de móviles, situación que quedó consignada en la convención colectiva.
En el grupo de opinión del Sindicato existe la idea de buscar un escenario de negociación con el Alcalde, para que este suspenda o frene el proceso de venta de ETB y a cambio ellos frenarían sus dos listas de intento de revocatoria. Lo malo de ese hipotético escenario es que los tiempos no coincidirán, y de pronto cuando vayan a iniciar en serio la campaña de revocatoria, la ETB ya estaría vendida. Por fortuna para el alcalde, dentro de Sintrateléfonos la línea Moir no ha logrado sintonía con todos los sectores y por dentro esta vez están desorganizados y sin estrategia.
La ciudad tiene hoy igualmente prioridades financieras y de consecución de recursos para el Metro y otros proyectos de infraestructura. Peñalosa ha sido explícito en mostrar la conveniencia financiera de salir de una empresa de telecomunicaciones que requiere capital intensivo de inversión todos los años, principalmente para expansión y renovación de tecnología. Si sumamos lo que vale la revocatoria y la campaña de un nuevo alcalde, se estarían gastando $120.000 millones que hoy necesitan ciudades como Manizales o Mocoa por la tragedia invernal. No olvidemos también el abuso del derecho al que nos acostumbró la administración anterior. Los costos y el tiempo son algo preciado para la caótica ciudad en la que vivimos. Usemos esos $120.000 millones en otra cosa que valga la pena.