Al observar la rueda de prensa de las tres entidades de control del miércoles pasado de verdad que dan ganas de llorar, por la forma como supuestamente algunos alcaldes y gobernadores están contratando a toda velocidad y a unos costos infernales.

Es inaudito que tengamos ya 27 de los 32 gobernadores investigados por sobreprecio en la contratación de los elementos e insumos médicos que se requieren para enfrentar la coyuntura del coronavirus. Queda uno frío cuando oye al procurador Fernando Carrillo explicar que detectaron empresas financiadoras de las campañas políticas de los que ganaron las elecciones regionales, y que ahora aparecen como beneficiarios de una parte importante de la contratación “express” que se está haciendo.

Carrillo, Barbosa y Córdoba han denominado al plan ‘Transparencia por la Emergencia’. Hasta las fuerzas militares cayeron en la lupa de los organismos. El detalle de la investigación muestra presuntos sobrecostos en compras de elementos de bioseguridad como cloro y tapabocas por $200 millones en la Central Administrativa y Contable de Medellín del Ejército Nacional.

La responsabilidad fiscal y penal recaería sobre el Coronel Fredy Alberto Baquero, el jefe de contratos Sargento Segundo Carlos Eduardo Oviedo y obviamente el supervisor del contrato, Capitán Harold Cárdenas. Será investigada igualmente la contratista Luisa María Zapata quien hizo el negocio.

El contralor Córdoba habló de un proceso de responsabilidad fiscal contra José Ricardo Orozco, actual gobernador de Tolima, por un presunto detrimento de $2.212 millones. Mencionó al actual alcalde de Cartagena, William Dau, por un contrato de $193 millones y a Juan Carlos Iral, actual gobernador de Guainía por un contrato de alimentos por $112 millones. La entidad encontró también sobrecostos de $236 millones en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare, entre otros.

El fiscal Barbosa imputó cargos a cuatro alcaldes y un gobernador. En el caso del suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios, pidió medida de aseguramiento. El procurador Carrillo informó de 813 procesos disciplinarios abiertos en las 27 gobernaciones mencionadas anteriormente y un total de 396 investigaciones disciplinarias contra diversos funcionarios.

En conclusión, se revisaron contratos billonarios, de suministros y prestación de servicios, que podrían llevarnos a tener alrededor de $484.000 millones en sobreprecio. Alrededor de $193.000 millones estarían relacionados con contratos de al menos 25 gobernaciones. Mejor dicho, hay precios inflados por todo el país, contratistas felices aprovechando el río revuelto y la capacidad de filtro que tiene el Estado limitada ante el desborde de contratos millonarios en tan pocos días.

Ojalá que hoy, primer día sin IVA del año, no ocurran otras irregularidades que ya uno se imagina en temas de subfacturación para engañar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estamos en un país lleno de ladrones y mentirosos en la contratación pública, pero que al menos en el día que el Estado busca de alguna manera impulsar el comercio que viene tan golpeado, no hagan de las suyas los malandros de siempre. Estamos en una pandemia en donde mueren miles de personas diariamente. No es el momento de robar.