La actual Junta de la Autoridad Nacional de Televisión publicó recientemente una resolución que cambia significativamente algunas de las reglas en la industria de la televisión por suscripción. La ANTV busca reglamentar el segmento de la televisión comunitaria, que tiene un número significativo de prestadores a nivel nacional. Ante la falta de reporte de cese de operación por parte de pequeños comunitarios, se ha detectado que existen algunos con licencia, que no se encuentran prestando el servicio sin que esto haya sido debidamente reportado a la Autoridad. Se han iniciado entonces los procesos de cancelación de la licencia correspondientes, con el fin de depurar la información del sector y contar con la cifra real de prestadores y usuarios del servicio.

Los departamentos con más comunitarias son Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Antioquia y Santander. En donde menos comunitarias hay: Amazonas (no tiene operador habilitado), San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. En usuarios reportados, no superan los 240.000.

El estudio previo a la resolución demuestra que la regulación vigente no cumple el objetivo de lograr una mayor contribución de la TV comunitaria a la financiación del sistema. Se nota una tendencia a la baja por variables como la compensación, la disminución del número de asociados, el subreporte y el incumplimiento de la obligación de presentación de autoliquidación por parte de algunas asociaciones. Hay varios que han devuelto las licencias voluntariamente. La reducción del mercado ha ocurrido silenciosamente, pues de 700 comunitarias que hubo en el máximo histórico, ya no quedan más de 300. Nadie sabe dónde fueron a parar esos usuarios.

La televisión comunitaria se considera como un sustituto de la oferta de operadores de televisión por suscripción, según estudio de mercados relevantes de la CRC. La ANTV busca tomar medidas regulatorias para equiparar ambos servicios. Se generan incentivos para que los comunitarios migren hacia la TV por suscripción y, así mismo, se darán incentivos para la producción propia. Les impondrán nuevos requisitos de control e informes periódicos. Se refuerzan las sanciones por incumplimiento al límite de 6.000 usuarios y se elimina la solicitud de ampliación de cobertura. Por último, se endurecen los requisitos para acceder a las licencias.

Ante la inminente realidad de los contenidos pagos por plataformas de internet, el MinTIC por su parte presentó un Proyecto de Ley que busca abrir el mercado para darle paso a las plataformas OTT y aplicaciones audiovisuales. La propuesta obliga a que las comunitarias migren a la TV paga, para que se transformen en operaciones comerciales so pena de no transmitir contenido internacional. Con la resolución de la ANTV y si se aprueba el Proyecto de Ley, la industria de la televisión tendría un nuevo marco regulatorio más actualizado a la realidad actual del mercado.

El problema es que el representante a la Cámara del Partido de la U, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Comisión VI), es el ponente encargado de la iniciativa. La realidad es que Carillo ni siquiera ha leído el texto, no ha hecho nada, ya que al igual que muchos de sus compañeros de Congreso, anda buscando “cuadrar” los votos de las campañas del próximo 11 de marzo. Ante la falta de tiempo, a este ritmo el proyecto que presentó el ministro David Luna, terminará hundiéndose por la clásica negligencia del Legislativo.