En diciembre de 2015 en este mismo espacio escribí sobre la situación actual que se está debatiendo en el marco de un Proyecto de Ley que busca un regulador convergente para el sector de las TIC y telecomunicaciones, que por supuesto incluye internet y televisión.

En aquella vieja columna titulada “La muerte de la televisión pública” pronosticábamos algo que está a punto de ocurrir. Los canales regionales firmaron un urgente documento y fueron citados a debate en el Congreso para exponer sus puntos de vista. Los operadores de cable y empresas privadas también fueron invitadas.

En el caso de la televisión pública, los presentadores, artistas, periodistas y empleados de las áreas técnicas y administrativas han inundado las redes sociales de mensajes de apoyo, promoviendo numerales que buscan crear un movimiento digital sobre la problemática de dejar desfinanciado una importante porción del sector audiovisual.

Se calcula que, con el nuevo regulador convergente, si se deja el Proyecto de Ley tal como está, entre Rtvc y canales regionales se perderían más de $130.000 millones anuales, importante rubro para financiar proyectos que muchas veces dan visibilidad a la problemática de las olvidadas regiones del país.

Me parece que, así como lo escribí hace dos años y medio, el problema es mucho mayor. Para todos los que estamos metidos de alguna manera en la industria de la televisión, pública o privada, abierta o cerrada, la consolidación del Netflix y de servicios de video por Internet nos cambió de un momento a otro la cara de nuestros competidores.

Los usuarios migraron también y el futuro llegó para quedarse. No sobra recalcar que el nivel de ingresos se ha fugado por pauta publicitaria hacia las redes sociales, la crisis de las centrales de medios, el consumo no lineal y las ofertas en dispositivos móviles que en los próximos años también van a superar a cosas como Netlfix.

La regulación intentará ponerse al día, pero las nuevas generaciones van a otra velocidad y hoy los niños y jóvenes tienen otra perspectiva de los contenidos audiovisuales que van a consumir. Deberá pasar algo similar a la solución que encontró la industria de la música, donde después de muchos años se llegó a una nueva fórmula que no depende las ventas físicas de las unidades de los artistas.

Viene ahora la discusión de la conveniencia en el tiempo de este debate, cuando se debió haber dado hace más de dos años. El próximo año los candidatos a las alcaldías y gobernaciones volverán a aparecer con pociones mágicas y soluciones fantasiosas para seguir sosteniendo el costo de la televisión pública en el país.

Los diferentes políticos van a buscar mantener la presencia de su contenido regional. El cambio inminente de presidente en los próximos días hace pensar en un escenario en donde el nuevo mandatario deberá opinar sobre la problemática.

Es razonable creer que el nuevo presidente debería tener al menos nombrado a la nueva ministra TIC que se ponga al frente del tema. Los cambios hacia regulador convergente son buenos y necesarios para la industria. Un cambio abrupto en las finanzas de cualquier competidor no es sano.

En el Proyecto de Ley que presentó el exministro TIC David Luna, el panorama era gradual, ahora parece a las carreras. Así como van las cosas, la iniciativa terminará hundiéndose y probablemente se va a barajar para la siguiente legislatura. Se advirtió hace más de dos años.

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