El campesino sabe que si intenta arrancar un rábano asiéndolo por las hojas -que es lo que del tubérculo sobresale- se queda con las hojas y no con el rábano. Esta alegoría puede ser útil para advertir los riesgos de una medida que comienza a hacer curso en Colombia con amplio respaldo de las pyme.

La idea consiste en que la ley establezca un plazo límite para el pago de facturas de 30 días a partir de la fecha en la que el adquirente del bien o servicio reciba la correspondiente factura. Esa medida se justificaría para evitar la práctica, en la que muchas veces incurren las grandes empresas, de retardar el pago de sus obligaciones para “optimizar” sus flujos de caja, lo cual afecta la rentabilidad de aquellos emprendimientos, cuando no su sobrevivencia. Un reporte de Acopi indica que aproximadamente 60% de los clientes de las pymes pagan entre 60 y 90 días.

Se añade que a veces las pymes tienen que endeudarse para atender en tiempo oportuno el pago del IVA, el cual debe realizarse, so pena de onerosas sanciones, dentro del bimestre correspondiente a la emisión de la factura. Para completar el cuadro es preciso anotar que el Estado es uno de los campeones en estas prácticas dilatorias. Quien tenga la mala suerte de ser proveedor de entidades de gobierno, y no ha logrado que le paguen antes de fin de año, prepárese para esperar al menos durante tres meses…

El desequilibrio de poder entre proveedores pequeños y medianos, y grandes empresas compradoras, cuyo modelo más elaborado son las llamadas “grandes superficies”, constituye una manifestación típica de oligopsonio, fenómeno que se presenta cuando unos pocos demandantes dominan el mercado y, por lo tanto, gozan de un elevado control sobre los precios. Desmantelar estas estructuras, que hoy predominan en el mundo entero, no tiene sentido. Benefician a los consumidores y, al demandar productos y servicios en calidades predefinidas, en cantidades que suelen ser elevadas y de manera regular, contribuyen también al desarrollo de los sectores productivos.

La otra cara de la moneda consiste en que pueden abusar de sus proveedores; tal es el problema que pretende resolver la regla que se propone y que, lamento decirlo, de nada sirve. Si el comprador, que está habituado a pagar a 90 días, es constreñido a hacerlo a 30, simplemente ajustará los precios hacia abajo en función de la tasa de interés del mercado. La solución radical, entonces, consistiría en un control generalizado de precios, o en la creación de un aparato policivo gigantesco para evitar esas dinámicas compensatorias. Ambas son malas opciones.

Entiendo que el Gobierno está implementando una política de desarrollo productivo, lo cual significa mucho más que una estrategia de desregulación; la solución no consiste en tener menos reglas sino lograr que ellas sean mejores. Quizás este sea el momento para que todas las empresas que tengan una elevada participación en la demanda de productos de consumo masivo sean sometidas a supervisión estatal permanente.