En el Marco Fiscal recientemente difundido, el Ministerio de Hacienda revela que un elemento importante de su estrategia consiste en percibir este año recursos de capital en suma aproximada a $21,6 billones o 2,1% del PIB; parte de ella provendría de la privatización de activos. Esa es una estrategia correcta. La experiencia indica que, con excepciones notables, el Estado no es buen empresario y que, de ordinario, es mejor que se concentre en la provisión de bienes públicos, incluida la regulación de buena calidad y las medidas apropiadas para buscar una adecuada redistribución del ingreso y la riqueza, conceptos estos últimos que carecen de definición precisa.

En épocas ya superadas, se sostenía que el Estado debía invertir directamente en ciertas actividades, particularmente en las llamadas industrias básicas, tales como la producción de acero, o la manufactura liviana, con el objetivo de generar encadenamientos productivos considerados indispensables para el desarrollo industrial. Así fue como invertimos en Paz del Río y en Sofasa. No fueron exitosos esos emprendimientos. Aquella, que fue un dolor de cabeza para el Gobierno, hoy opera de manera adecuada en manos privadas; y en cuanto a la convicción de que era preciso tener una industria automotriz propia, más que la ideología nos derrotó la noción de economías de escala: producir vehículos para un mercado interno pequeño es ineficiente; competir en los externos con unos pocos fabricantes de talla mundial, resulta ruinoso.

El otro ámbito en el que venimos de regreso es la provisión estatal de servicios bancarios, seguridad social y telecomunicaciones, entre otros. Mi propia y amarga experiencia en Bancafé, en mi época el banco más grande del país, me enseñó que es difícil que los banqueros estatales hagan bien su tarea. Por su propio impulso, y presionados por el Gobierno del que hacen parte y de sus amigos, suelen repartir el crédito sin una adecuada medición del riesgo; cuando se trata de recaudar la cartera esa tarea le corresponde a los banqueros, de ordinario improvisados, del gobierno siguiente a los que les toca llevar del bulto.

La Ley 100 de 1993, que dio acceso a empresarios privados a la gestión de los recursos financieros de la Seguridad Social, ha sido uno de los éxitos más grandes del mundo en años recientes en la extensión de la cobertura y en la provisión de servicios de buena calidad. Sus problemas actuales obedecen a una razón elemental: queremos tener una atención del primer mundo con recursos del tercero. En cuanto a las telecomunicaciones sería una tontería infinita que quisiéramos regresar a Telecom. En la actualidad, y en el mundo entero, no se considera una buena estrategia combatir los oligopolios privados manteniendo monopolios públicos ineficientes y, probablemente, corruptos. Es mejor regularlos y supervisarlos adecuadamente para garantizar la calidad del servicio y evitar que abusen, como tienden a hacerlo, de los consumidores.

Buena parte del portafolio actual de inversiones del Gobierno está representado por empresas que valen poco y carecen de valor estratégico: canales regionales de televisión, centros de diagnóstico automotriz, fondos ganaderos y otros huesos similares. Las inversiones que tienen importancia son otras, entre ellas Ecopetrol y sus filiales, e Interconexión Eléctrica, ISA. Intentar enajenarlas, así sea en parte, suscitará críticas enconadas de nacionalistas, sindicalistas y viejos dirigentes de la izquierda marxista y cepalina. No son muchos, pero, según mis cálculos, el 87,4% de ellos tienen columna de opinión o hablan en la radio por las mañanas. Vienen batallas campales.