Aparece en el Congreso, en el contexto del Plan de Desarrollo, otra catástrofe: una iniciativa encaminada a facilitar la migración de los afiliados al Sistema General de Pensiones, desde cualquiera de los dos regímenes existentes- ahorro individual (Rais) y reparto (RPM)- hacia el otro. A primera vista la iniciativa parece bien encaminada: eliminar, durante un periodo de cuatro meses, las restricciones legales existentes para que cada quien busque la opción que prefiera.
Si lo único que estuviere en juego fueren las conveniencias de cada afiliado a nuestro precario sistema de protección para la vejez en su módulo contributivo, nada habría que objetar. El problema surge cuando se examinan los efectos para la sociedad como un todo por la vía de sus previsibles impactos fiscales. Examinemos esa cuestión.
El régimen de reparto que opera Colpensiones es, como se sabe, altamente subsidiado. Si en vez de usar las cotizaciones que recibe de sus afiliados para pagar las pensiones ya causadas las invirtiera en el mercado de capitales, el acervo que se formaría con esas sumas y sus correspondientes rendimientos no sería suficiente para pagar pensiones de vejez como las que esa entidad reconoce.
La diferencia entre el monto de la pensión que el Estado adjudica y aquella que el trabajador podría, con su solo esfuerzo, obtener, la pagamos todos: unos, por la vía de los impuestos; otros, los que no están obligados a cubrirlos, mediante un menor gasto social. Para que no haya dudas al respecto, anoto que el 41% de las pensiones que pagó Colpensiones en 2018 provino de transferencias del Presupuesto Nacional.
Bajo esta lógica, a los afiliados de altos ingresos, que son quienes reciben mayores subsidios, les convendría migrar desde las AFPs a esa entidad pública. Los cálculos pertinentes muestran un impacto de una sola vez sobre las finanzas del Gobierno cercano a los $50 billones, cifra equivalente a dos veces el presupuesto de inversión del país. Esto, sin embargo, no es todo. Una vez se produce el traslado del aportante al RPM, la administradora de pensiones debe transferirle a Colpensiones el saldo acumulado en la cuenta pensional. Esto podría generar una súbita desinversión de los fondos de pensiones del orden $36,7 billones, lo cual depreciaría esos portafolios, que son propiedad común de los trabajadores que permanezcan en el Rais.
Lo anterior, que es gravísimo, es todavía más complejo. Sucede que para pensionarse en el RPM se requieren tres años más de cotizaciones. Por lo tanto, para aquellos trabajadores cuyos aportes apenas alcancen para una pensión de salario mínimo en cualquiera de ambos regímenes, lo lógico es que prefieran estar vinculados al Rais. Llegaríamos así a una situación absurda: un sistema para ricos, de naturaleza estatal, y otro para pobres administrado por el sector privado. Esta característica se agudiza cuando se advierte que las reglas para la devolución de fondos, que opera cuando se frustra el derecho a la pensión, son sustancialmente mejores en el Rais que en el RPM: el sistema público sólo reconoce la inflación; en el privado se pagan intereses de mercado. La devolución promedio en el primero es de $35 millones; en Colpensiones es de apenas $ 4,4 millones
Es claro, entonces, que en vez de realizar ajustes improvisados y muy onerosos se requiere la reforma pensional integral que el Gobierno ha prometido presentar.