De manera equivocada el saliente gobierno está afirmando que no es necesario hacer reforma tributaria. Los aires optimistas que permean el Marco Fiscal de Mediano Plazo son exagerados. Para el gobierno actual la economía va bien por tres razones: las bondades de la ley de inversión social, los signos claros de la reactivación y el aumento de los precios del petróleo y de los minerales.
Desde otra perspectiva completamente distinta, el gobierno entrante sí considera que es indispensable hacer una reforma tributaria, que sea estructural y progresiva. Es importante, entonces, que junto con el diseño de la nueva tributaria se creen mecanismos que permitan activar los recursos propios de los gobiernos locales, sobre todo de los municipios. El estímulo a las finanzas locales tiene tres ventajas: no necesita ningún cambio legal, el potencial de recaudo es amplio y, además, estos dineros aligeran las cargas del gobierno nacional.
Una de las expresiones de la difícil situación fiscal es el aumento notorio de los intereses de la deuda pública. Entre 2021 y 2022 este costo pasaría de $39,6 billones a $53,2 billones. Es un monto considerablemente mayor que el de la inversión, que en el 2022 sería de $40,5 billones. Los intereses de la deuda equivalen al 18% del gasto, y reducen el margen para la inversión y los programas sociales.
El monto de recursos que se pudieran obtener con la nueva reforma tributaria dependerá de la forma como se negocie en el Congreso. Se han mencionado cifras muy diversas, que van desde $20 hasta $75 billones. Es un rango amplio, que muestra la complejidad del asunto y la preocupación legítima por organizar la estructura de las finanzas públicas.
Es interesante observar que mientras el país hace esfuerzos ingentes por mejorar las finanzas nacionales, no se aprovechan las potencialidades tributarias locales. Si éstas mejoran es posible aligerar el peso de la Nación. Desde el alto gobierno se deben combinar dos tipos de acciones.
Por un lado, enviar mensajes claros para que se aprovechen las rentas del suelo y del urbanismo. Estas últimas pueden crecer de manera significativa, sobre todo en las ciudades grandes e intermedias. Es inaceptable que las aglomeraciones no estén aprovechando las rentas derivadas de las dinámicas urbanas. Estas ciudades deberían estar cobrando, entre otros, derechos de edificabilidad, primas de localización, congestión. Es importante incentivar la participación en plusvalías y el cobro por valorización. Estos tributos se han ido rezagando. Es incomprensible que la Nación no haya cobrando valorización por el desarrollo de las infraestructura vial primaria. No hay ninguna razón para que los privados se estén quedando con todas las rentas derivadas de estas inversiones.
Y, por otro lado, la Nación debe crear condiciones para que los municipios pequeños puedan mejorar el recaudo por predial. Un instrumento claro, en el que hay consenso, es la modernización de los catastros. El fortalecimiento del Igac es una pieza central de esta estrategia, que puede ser perfectamente compatible con la delegación. Otro mecanismo que no se ha experimentado en el país, y que tiene sentido para los municipios pequeños, es la creación de una instancia de cobro nacional. Para el alcalde de un municipio pequeño es muy difícil exigirle el pago del predial al terrateniente vecino.