Es necesario darle mayor autonomía fiscal a las regiones. Sobre todo, a los departamentos, que no tienen margen de maniobra para mejorar sus ingresos. Las fuentes de recursos de que disponen son muy limitadas, y este mal estructural no se resuelve con la buena gestión del mandatario. Sería conveniente proponer alguna fuente estable de recursos, de tal forma que los departamentos puedan cumplir tareas relevantes, sobre todo en aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio.

El panorama es completamente diferente al de los municipios que pueden recurrir a las alternativas fiscales que les ofrece la ley 388 de 1997. Las ciudades grandes y medianas tienen un mayor margen de maniobra que los departamentos, y las fuentes de recursos son de muy diversa naturaleza. Además del predial y del ICA las ciudades pueden cobrar valorización, participaciones en plusvalías, derechos de edificabilidad, cargas, valorización, pago por congestión, derecho real de superficie, etc. La mayoría de estos instrumentos no se están utilizando. Las ciudades grandes e intermedias no han aprovechado los instrumentos que les permiten la captura del mayor valor derivado de las dinámicas urbanas. La baja capacidad de pago de los hogares de las ciudades pequeñas limita el uso de estos instrumentos.

Se han comenzando a discutir, por lo menos, tres grandes alternativas que pueden mejorar la autonomía fiscal. La primera es la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP), de tal forma que aumenten las transferencias hacia las entidades locales (municipios y departamentos). Se pide pasar de 22% de los ingresos corrientes, como está ahora, a un porcentaje mayor. Los porcentajes propuestos oscilan desde 28% hasta casi 50%. Si se optara por este camino, se deberían evitar que en la asignación haya porcentajes fijos para salud y educación. Y mucho menos, para funcionamiento e inversión. Debe haber una combinación adecuada entre capitación y oferta, dependiendo de las densidades poblacionales y las necesidades.

La segunda propuesta busca que los departamentos se puedan quedar con una parte, o con la totalidad, de los impuestos de renta y patrimonio que se originan en su territorio. Esta alternativa, que es muy conveniente para los departamentos ricos, profundiza las desigualdades regionales y no favorece la convergencia. Desde el punto de vista de la equidad esta propuesta sería viable únicamente si está acompañada de una transferencia creciente de recursos hacia los departamentos del Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Estas regiones necesitan recursos para conservar los activos ambientales que producen el agua que consumen las grandes ciudades.

El tercer camino podría ser el de asignar a los departamentos una parte de los impuestos de renta o IVA. O, eventualmente, si se continúa avanzando en el catastro multipropósito y el recaudo del predial se sigue consolidando, los departamentos podrían recibir algunos puntos del predial de sus municipios.

Estas propuestas requieren cambios legales importantes, pero es el momento de comenzar el debate para entender qué significa la descentralización, el federalismo, o las regiones autonómicas. En cualquier caso, los mayores recursos, de los municipios y de los departamentos, deben contribuir a cerrar brechas. Y para ello es indispensable reconocer la heterogeneidad local y regional.