Los análisis fiscales que se realizan en el país suelen centrarse en el Presupuesto General de la Nación, PGN. Sin duda, los problemas son complejos. El más notorio es el elevado costo del servicio de la deuda, que en 2025 será de $118,6 billones. El pago de intereses vale $85,7 billones. Los montos son significativos, y para responder por estos compromisos se ha tenido que disminuir la inversión, ya que las obligaciones del pago de la deuda terminan siendo prioritarias.

La mirada exclusiva al PGN transmite una idea excesivamente pesimista sobre las potencialidades de las finanzas públicas. La óptica cambia de manera sustantiva si la vista se dirige hacia el presupuesto global del Estado, que resulta de la suma de los recursos del PGN más los del Sistema General de Participaciones, SGP, más los del Sistema General de Regalías, SGR, más los de las ciudades y de los departamentos.

Este balance fiscal global permite tener una comprensión integral de las finanzas públicas. Y, entonces, el panorama es mucho menos dramático del que se observa cuando únicamente se considera el PGN. El agregado representa un monto de recursos significativo. En 2024, la suma total para inversión llegó a $225 billones. Frente a esta cifra tan elevada, la pregunta evidente es por la eficiencia en el manejo del gasto.

La solución al problema fiscal del Gobierno Nacional no se debe buscar solamente en las cuentas del PGN, sino que se tiene que examinar desde una perspectiva comprehensiva, en la que se consideren todos los ingresos del Estado. Desde este ángulo es posible mejorar de manera sustantiva las finanzas públicas.

La respuesta a la crisis fiscal tiene que involucrar a todos los niveles del Estado. Este desconocimiento ha llevado, nuevamente, al error de presentar una reforma tributaria que únicamente tiene en cuenta al gobierno central. Pero aún sin necesidad de que haya otra reforma tributaria, las ciudades grandes e intermedias tienen enormes potencialidades de generación de recursos. Las aglomeraciones han adquirido una dinámica que era impensable hace 20 años.

Son una fuente permanente de recursos. Los procesos endógenos que resultan de las vecindades generan rentas que no están siendo capturadas por la sociedad, y que se están quedando en manos privadas. Desde el gobierno central se le debe hacer un llamado a las ciudades para que capturen parte de las rentas derivadas del urbanismo. Allí existen potencialidades que no se han aprovechado. Las fuentes de recursos son diversas. Basta con mencionar algunas: participaciones en plusvalías, derechos de edificabilidad, cobros por congestión, valorización, primas de localización…

De manera general, el instrumento privilegiado para ordenar el territorio es el catastro multipropósito. Una de sus funciones principales es dar las señales para modificar las relaciones factoriales. Es decir, se trata de presionar, por la vía tributaria, a los privados para que los usos del suelo sean compatibles con sus vocaciones. Este proceso lleva, además, a que la actualización catastral mejore el recaudo a través del predial. Los municipios que han puesto al día el catastro han duplicado e, incluso, triplicado sus recursos propios.

El mejoramiento de los ingresos de los gobiernos locales tiene dos ventajas. Por un lado, aligera la carga del gobierno central. Y por el otro, contribuye al fortalecimiento económico de las regiones, que termina expresándose en mayores ingresos para el gobierno nacional.