A raíz de las manifestaciones en contra del aumento de los avalúos se han mezclado argumentos de muy diversa índole, creando confusiones derivadas de una mala interpretación del significado del catastro multipropósito.

Tal y como se advierte en el plan de desarrollo, el principal problema del país es el ordenamiento del territorio. En esta materia existe un caos. El desorden es evidente y toca asuntos tan importantes como el desarrollo armónico y sostenible de las ciudades, la conservación ambiental y, además, tiene que ver con el control territorial por parte de los grupos armados.

El mecanismo idóneo para comenzar a resolver este desorden es el catastro multipropósito. Cumple varias funciones. La primera es el examen de las asimetrías entre la vocación y el uso del suelo. En los terrenos aptos para la agricultura no debe haber ganadería; en las zonas adecuadas para bosques no se puede cultivar. La segunda es la delimitación de las diferentes áreas.

Todavía hoy no se tiene claridad sobre la extensión de los baldíos, de los páramos, de las áreas protegidas. El catastro es una condición necesaria, pero no suficiente, para avanzar en el ordenamiento del territorio. La tercera es dar las señales para modificar las relaciones factoriales. Se trata de presionar, por la vía tributaria, a los privados para que los usos del suelo sean compatibles con sus vocaciones.

Si en una zona propicia para la agricultura se insiste en tener ganado, el responsable debe pagar un predial elevado, como sucede en las ciudades con los lotes de engorde. Desde esta perspectiva, el catastro estimula la productividad agropecuaria. Su cuarta función es la estrictamente fiscal.

La actualización del catastro se traduce en un aumento de los ingresos para los municipios. Algunos han triplicado sus recursos propios. El quinto objetivo del catastro es contribuir a la consolidación del mercado de tierras. El catastro es la condición básica para la modernización del sector agropecuario, al precisar los derechos de propiedad. Es el instrumento privilegiado para lograr los propósitos de la reforma rural integral definida en La Habana.

La actualización catastral tiene que continuar. Los avances que se han logrado son importantes. Entre 2022 y 2026 se pasó de 82 a 326 municipios. Y, en hectáreas, de 10,7 a 44,5 millones (39% del área geográfica nacional).

En el plan de desarrollo se incluyó el art. 49, que autoriza al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para que realice, por una sola vez, ajustes automáticos de los avalúos rezagados. En algunos casos el atraso era de 30 años. Es obvio que los aumentos sean considerables. Abundan los ejemplos. Una finca de 1 ha, que en 2025 tenía un avalúo de $1.000, después de la actualización, en 2026, subió a $5,3 millones. Otra finca de 2,36 ha pasó de $11.000 a $4.500 millones.

Para evitar que estos aumentos se reflejen en el impuesto predial, el Conpes 4177 de 2025 fija topes al incremento del tributo. También lo hace la ley 1995 de 2019, que solamente permite un aumento de 50% del monto del impuesto predial liquidado el año anterior.

Además, es bueno recordar que en primer debate en la Cámara se aprobó el proyecto de ley 292 de 2023, que limita el aumento del impuesto hasta 30% del monto liquidado el año anterior. Desgraciadamente, el proceso legislativo se interrumpió. Si se hubiera continuado, quizás se habrían evitado los paros de estos días. El Legislativo está en mora de retomar este proyecto de ley.