En la última entrega que hizo el Dane de la pobreza multidimensional puso en evidencia la brecha educativa que se agudizado por la pandemia. Para captar el daño causado por la no presencialidad se cualificó el indicador “inasistencia escolar”. En las condiciones que se han vivido estos meses, no tiene mucho sentido reducir la asistencia escolar a la matrícula. La inscripción formal en un plantel no dice casi nada sobre los procesos educativos que se desarrollaron durante el aislamiento. Por esta razón el Dane fue más allá de la matrícula, e indagó por la conexión a internet y por la disponibilidad de equipos (celular, computador, tableta...). Si el hogar no tiene ningún tipo de conexión, o carece de equipos, se considera que hay “inasistencia”.
Los resultados muestran que el deterioro de las condiciones educativas fue notable y, además, que se amplió la brecha urbano/rural. Entre 2019 y 2020, en las ciudades los hogares que tuvieron inasistencia escolar pasaron del 2,1% al 12,4%, y en el campo del 4,6% al 30,1%. En contra de los discursos oficiales sobre la igualdad de oportunidades, las distancias continúan ampliándose.
Para corregir este daño estructural se requiere un cambio radical en la política educativa del país.
El primer paso es reconocer, siguiendo la tendencia universal, que toda la población tiene derecho a una conexión, de la misma manera que se predica el derecho al agua, a la salud, a la vivienda digna. La profundidad de la brecha urbano/rural es inaceptable. Debería existir una conexión básica garantizado por el Estado. Cada día que pasa el acceso a internet adquiere mayor relevancia, y la pandemia lo mostró de forma contundente.
No solamente existe una brecha entre lo urbano y lo rural, sino que también se constatan asimetrías sensibles entre regiones. La lectura de los datos tiene que llevar a reflexionar sobre estas diferencias. Los promedios nacionales ocultan la falta de convergencia entre las regiones del país. El panorama en las zonas Caribe y Pacífica es lamentable. En el 2020 la inasistencia escolar llegó, respectivamente, a 27,9% y a 27,4%. En las regiones Oriental, Central y en Antioquia, la inasistencia estuvo alrededor del 14%-15%. En el Valle del Cauca y en Bogotá, los porcentajes fueron menores, de 9,2% y 6%, respectivamente. Las diferencias regionales muestran la importancia de las políticas públicas compensatorias. El daño puede reducirse si se realiza una intervención adecuada.
De las resultados del Dane se derivan tres lecciones. Primera, desde ya, y aún sin pandemia, los procesos educativos tienen que incorporar conexión a internet y disponibilidad de equipos. Segunda, es necesario monitorear permanente la forma como evoluciona la convergencia entre regiones. El cierre de la brecha debe ser una prioridad de la política pública. Y, tercera, el gasto en educación tiene que subir.
En el panorama internacional, tal y como se desprende de las estadísticas de la Ocde, Colombia tiene un gasto per cápita en educación pública muy bajo, de 3,8 millones de pesos niño año, frente a Chile que gasta en el sistema público 8 millones niño año. Solamente para soñar, los datos correspondientes de Francia y Luxemburgo son de 20 millones y 45 millones, niño año (cifras en pesos colombianos). En estas condiciones no debe causar extrañeza que el país continúe ocupando los últimos lugares en las pruebas internacionales Pisa y Timss.