Varios gobernantes locales han dicho que el Plan de Desarrollo es centralizador. Esta apreciación no es cierta. El Plan ordena, jerarquiza y trata de evitar la dispersión de los recursos. De manera equivocada se ha confundido la descentralización con la fragmentación del gasto.

El Plan de Desarrollo le hace el llamado a los congresistas y a los gobiernos locales para que propongan proyectos regionales ambiciosos, que tengan impacto nacional y regional. Este mensaje no tiene un espíritu centralista porque las decisiones sobre las alternativas estratégicas se siguen tomando en las regiones. Las prioridades se continúan definiendo desde lo local. Y el proceso participativo que comenzó con los diálogos regionales tuvo en cuenta las prelaciones enunciadas por las comunidades. Las opciones sobre los programas no las impone el gobierno nacional, sino que nacen de las prioridades locales.

Las transformaciones definidas en el Plan de Desarrollo son de naturaleza inter-sectorial, y están basadas en proyectos con un horizonte de largo plazo. No se niega la autonomía local, sino que se la integra en una perspectiva más amplia.

La aprobación de proyectos regionales con impacto estratégico tiene dos ventajas. Por un lado, permite transformaciones sustantivas, de carácter estructural. Y, por el otro, contribuye a reducir las desigualdades entre departamentos y municipios.

No es cierto que se esté avanzando hacia la centralización. La institucionalidad colombiana tiene tres componentes de una naturaleza descentralizada, que se mantienen, y que el Plan de Desarrollo no elimina.
Primero, el Plan mantiene y busca consolidar la autonomía de las ciudades, sobre todo de las grandes y medianas. Esta posibilidad de acción, que se diseñó en la ley 388 de 1997, cubre temas tan importantes como el ordenamiento del territorio y la captura de rentas derivadas del suelo y de las dinámicas urbanas. Estas ciudades tienen los instrumentos necesarios para profundizar en la descentralización, si así lo juzgan conveniente. Incluso, en el futuro se podría pensar en la conveniencia de darle mayor autonomía tributaria a las grandes ciudades.

Segundo, la priorización de los proyectos de inversión se continúan realizando desde las regiones. Los gobernadores y los alcaldes seguirán proponiendo obras de inversión. Planeación puede ayudar a la estructuración de los proyectos, pero su principal función es jerarquizar, articular y buscar la concurrencia de recursos. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) no impone su visión. En el actual orden institucional los Pactos Territoriales son un excelente instrumento para unir proyectos alrededor de alternativas estratégicas. Y los gobiernos locales participan de manera activa en la escogencia de los proyectos que hacen parte del Pacto Territorial.

Tercero, en la destinación de las regalías la palabra de los alcaldes y los gobernadores continúa siendo determinante. El Plan no modifica el funcionamiento de los Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión). Y allí tienen mayoría los gobiernos locales. El DNP, ejerciendo su función de entidad rectora de las regalías, ha insistido en la conveniencia de articular recursos alrededor de proyectos de naturaleza estratégica. La decisión sobre las convocatorias y la revisión de los proyectos que hace el DNP, contribuye a lograr esta integración, pero la opción final depende de los gobiernos locales.