La deuda pública ha llegado a niveles elevadísimos. Los compromisos adquiridos por los gobiernos anteriores están reduciendo el espacio fiscal de la administración Petro de manera significativa. El margen de maniobra del gasto y de la inversión está disminuyendo, y ello tiene un impacto negativo en la producción y el empleo.
Las obligaciones correspondientes al servicio de la deuda están creciendo de manera sustantiva. Y esta dinámica va en contra de la autonomía de la política fiscal. Las inflexibilidades se han ido acentuando a lo largo del tiempo. A pesar de que todas las comisiones de gasto han llamado la atención sobre la rigidez del presupuesto, esta mal no se ha podido corregir, sino que se ha acentuado.
Entre 2023 y 2024 el costo del servicio de la deuda aumentaría 33%, acercándose a los $105 billones. Mientras tanto, la inversión apenas crecerá 2,3%, colocándose alrededor de los $80 billones. Ambas dinámicas son perversas. La deuda sube y la inversión baja. Disminuye la disponibilidad de recursos públicos para el gasto social y la inversión. De forma progresiva, la inversión se va ahogando por el peso de la deuda. Solamente en intereses, en 2024, se pagarán $76 billones. La brecha entre el servicio de la deuda y la inversión continúa incrementándose.
También se observan aumentos considerables del saldo de deuda pública con respecto al PIB. Mientras que en 2018 el porcentaje era de 49,3%, en 2024 será de 59,7%. En los últimos años el aumento del saldo de la deuda pública ha sido continuo. En tales condiciones, la estructura de las finanzas públicas se hace más frágil. Y si la deuda continúa aumentando, la inversión pública se seguirá deteriorando, perjudicando la dinámica de la actividad económica.
Además del costo de la deuda, el presupuesto del próximo año tendrá que responder por $18 billones que se le deben al Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Además de responder con los recursos presupuestales, el déficit se irá reduciendo con el alza del precio de la gasolina. Si los compromisos con el Fepc se le suman al servicio de la deuda, el valor total es $123 billones.
Es muy difícil modificar las tendencias crecientes de la deuda pública, no solamente en Colombia sino en numerosos países del mundo. Los montos, cada vez más elevados, impiden que los gobiernos puedan dirigir sus recursos hacia los propósitos que consideran estratégicos. En Estados Unidos y Europa los saldos de la deuda pública superan 100% del PIB. En estas circunstancias el manejo fiscal se va volviendo más inflexible.
Las variaciones de los montos de la deuda dependen, en gran medida, de las fluctuaciones de los mercados de capitales, así que la política fiscal doméstica se va quedando sin instrumentos para contrarrestar las tendencias que se presentan a nivel internacional. Tanto la deuda interna, como la externa, dependen de los movimientos de las tasas de interés que se definen por fuera del país. Las decisiones de la Reserva Federal, y las variaciones de la tasa de cambio, repercuten en la estructura fiscal de cada país. Los comportamientos erráticos del mercado de capitales le restan autonomía a los gobiernos nacionales. Y esta dependencia se acentúa cuando, como sucede en Colombia, la moneda no es divisa internacional. Las autoridades monetaria y fiscal pierden iniciativa y terminan respondiendo a los sobresaltos externos.