Resulta incomprensible que después de un año de aprobado el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, las discusiones que se están presentando en el país se estén yendo por las ramas, y se sigan ignorando las líneas estructurales de cambio propuesta en las bases y en el articulado del Plan. Se trató de un esfuerzo gigantesco, que conjugó el programa de gobiernos, los 51 diálogos regionales, las apreciaciones del Consejo Nacional de Planeación, los comentarios de los gremios, las percepciones de los ministros, los artículos aprobados en el Congreso.

Ninguno de los debates que están al orden del día en el gobierno y en la opinión pública tocan los aspectos fundamentales que se consignaron en la ley del plan. Este desprecio por los lineamientos centrales de la “hoja de ruta” del gobierno está haciendo un enorme daño. Es como si un navegante resolviera no volver a mirar la brújula, y obnubilado por asuntos irrelevantes termina enloquecido por la falta de rumbo.

En medio de tanta desarmonía vale la pena recordar los fundamentales de la ley del plan.

Primero, ordenar el territorio alrededor del agua. Este mensaje del plan de desarrollo es crucial. Es evidente la crisis que se está viviendo por la falta de agua en unas zonas, y por las inundaciones en otras. La tragedia de Caregato en la Mojana era predecible. La falta de articulación entre los planes de ordenamiento de las ciudades es un asunto neurálgico. En temas de ordenamiento el panorama es caótico. La actualización de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) debería ser una prioridad. El control a la deforestación y su financiación es un reto colosal.

Segundo, modernizar el sector agropecuario. El instrumento central es el catastro multipropósito. Se está avanzando al ritmo que lo permite la institucionalidad actual, pero hay rezago frente a la meta. El catastro es el instrumento indispensable para concretar los acuerdos de La Habana. Y si el sector agropecuario avanza, se debería consolidar la agroindustria. La única forma de contrarrestar la coca y la minería ilegal es con grandes proyectos agroindustriales que le generen a los campesinos mayores ingresos que las actividades ilegales.

Tercero, modificar de manera sustantiva la política de subsidios, a través de la consolidación del registro universal de ingresos (RUI). Sin este instrumento continuarán los errores de inclusión que en servicios públicos pueden representar $5 billones al año. Además, el RUI es el mecanismo adecuado para luchar contra la pobreza y focalizar bien las transferencias.

Cuarto, la transición energética, que tiene que combinar mayor producción de petróleo con una aceleración de los proyectos de fuentes alternativas. El Conpes de reindustrialización aprobado por este gobierno marca los pasos centrales para consolidar una economía limpia.

Quinto, la convergencia regional. La Misión de Descentralización que acaba de terminar propone mecanismos que permiten conjugar mayor autonomía departamental con un cierre de brechas. Y para vigilar los avances en equidad en el plan de desarrollo se exige que cada año se informe por la evolución de cinco Gini: ingreso laboral de hogares, tierras rurales, bienes inmobiliarios, activos bursátiles, patrimonio.

Aunque el plan de desarrollo es la brújula, por diversas razones no se le está mirando. En el actual vaivén de ideas erráticas se están ahogando las propuestas estructurales.