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El presupuesto que el gobierno acaba de presentar obliga a cambiar el discurso sobre la situación de las finanzas públicas. En contra de la opinión que ha predominado estos días, hay tres hechos que no se pueden desconocer. Primero, el gasto público continuará subiendo.
Segundo, en lugar de pretender recortarlo, es necesario examinar su eficiencia. Y, tercero, es inevitable una nueva reforma tributaria.
Hoy, como antes, el gasto público seguirá creciendo. Es la realidad con la que se encontró el ministro Gómez. No tiene sentido afirmar que este presupuesto es el de la “verdad”, mientras que el de Petro era el de la “mentira”.
La diferencia está en los supuestos que se hacen sobre lo que sucederá en el 2027. Nadie sabe lo que pasará con variables tan importantes como los precios del dólar y del barril de petróleo.
En 1999 el gasto total del Gobierno Nacional Central era de 17,2% del PIB, y ahora es de 22,7%. La tendencia ascendente es evidente. Y en el mismo período el saldo de la deuda neta del GNC con respecto al PIB pasó de 29% a 58,6%.
Sorprende que los exministros de Hacienda, que durante sus respectivas administraciones contemplaron impotentes el crecimiento sistemático del gasto público, ahora estén afirmando de manera contundente que debe reducirse. Se niegan a reconocer que esta dinámica ascendente es imparable. Y, obviamente, tampoco se podrá cumplir la regla fiscal.
Con toda razón, los ministros están solicitando más recursos. Las necesidades de sus carteras son urgentes. Con pavor se están dando cuenta que las expectativas creadas durante la campaña no se cumplirán, y que en ninguno de sus sectores se puede reducir el gasto.
Frente a esta realidad contundente el discurso tiene que cambiar. Es absurdo continuar predicando el milagro de disminuir el gasto. En países europeos la participación del gasto público en el PIB es superior a 40%. Y continúa creciendo, tal y como lo muestran las estadísticas de la Ocde.
Estado en Colombia es relativamente pequeño. Mientras que en Noruega el empleo público representa 30% del empleo total, en Colombia apenas es de 9%. El gasto de la administración pública per cápita también es considerablemente más bajo. En Francia son US$29.400 y en Colombia US$8.660. Por tanto, no tiene sentido afirmar que el Estado colombiano es grande.
Puesto que es necesario gastar más hay que hacerlo de manera eficiente. El terremoto es la oportunidad para estructurar proyectos estratégicos con un enfoque regional. La inversión privada es un complemento de la pública, pero no la reemplaza.
La única manera de cerrar la brecha es mediante una nueva reforma tributaria. No queda otro camino dada la imposibilidad de reducir el gasto. En el presupuesto para el 2027 el gobierno incrementa el servicio de la deuda en $37,4 billones.
Esta forma de financiación es peligrosa porque acentúa la inestabilidad de las finanzas públicas. El nuevo paquete tributario debe articular los impuestos nacionales con los municipales y departamentales. Tiene que ser integral desde la perspectiva territorial.
Estos días a raíz del terremoto se está poniendo en primer plano la solidaridad.
No sobra recordar que en Alemania después de la guerra el impuesto al patrimonio fue de 50%. Este punto de referencia ayuda a recordar la importancia de la progresividad tributaria, y es una invitación para que en el país se mantenga e, incluso, se aumente ligeramente el impuesto al patrimonio.