El plan de desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ define la equidad como la conjunción del emprendimiento y la legalidad. Este enfoque de la equidad es incompleto por dos razones. En primer lugar, porque es incierto el camino que conduce del emprendimiento y la legalidad a la equidad. Y, segundo, porque no se considera de manera explícita, el impacto que tiene la distribución del ingreso y de la riqueza en la equidad.
El Plan asocia el emprendimiento a la inclusión productiva. En el diagnóstico se muestra, con razón, que en los últimos años se ha presentado una asimetría entre los avances importantes que se han conseguido en inclusión social (reducción de la pobreza, ampliación de las coberturas en educación y salud, extensión de programas como Más Familias en Acción…), y los pocos logros que se han alcanzado en la inclusión productiva (informalidad alta, baja productividad, dificultad para acceder al crédito, rezago tecnológico, dependencia excesiva de los hidrocarburos…). Desde la perspectiva del Plan es importante, entonces, que se creen condiciones que permitan que las dos formas de inclusión, la productiva y la social, vayan de la mano. Y para lograr este propósito el emprendimiento se presenta como el instrumento adecuado.
Se considera, además, que un buen ordenamiento legal, el respeto a las normas, la transparencia, la ausencia de corrupción, y el adecuado funcionamiento de los organismos de control, recrean un contexto propicio para el funcionamiento del mundo de los negocios.
Sin duda, la conjunción de emprendimiento y legalidad favorecen la inclusión productiva. Pero ello no significa que necesariamente se mejore la equidad. Una mirada integral de la equidad tiene que incluir, necesariamente, la distribución del ingreso y de la riqueza. Existe un cierto consenso en que una sociedad avanza en equidad cuando el coeficiente de Gini mejora. Esta lectura de la equidad no es constitutiva del Plan. Apenas se menciona de manera marginal, y se limita a la distribución del ingreso laboral. No se dice nada sobre la concentración de la riqueza (tierra, acciones, activos).
Los avances que se consigan en emprendimiento y legalidad no necesariamente disminuyen el Gini. La distribución factorial del ingreso entre asalariados y propietarios puede ser muy desigual aun cuando se haya progresado en la inclusión productiva. La distribución factorial del ingreso tiene que ser mejorada a través de políticas fiscales que hagan un balance adecuado de los impuestos y los subsidios.
Y la legalidad tampoco es garantía de equidad. Precisamente, uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas es evitar que los súper ricos capturen el Estado. Las personas influyentes, con capacidad de lobby, suelen conseguir que las normas los favorezcan. Estos procesos de captura son legales y pasan todos los filtros normativos.
El mercado y la legalidad no necesariamente conducen a la equidad. El primero no lo logra, porque genera concentración y aniquila a los menos capaces. El mercado sin control puede convertirse en un horror moral. Y la segunda tampoco, porque como pasa en Colombia y en numerosos países, los ricos logran que las leyes los favorezcan. La única forma de ir corrigiendo las tendencias concentradoras es mediante políticas fiscales que distribuyan la riqueza, y mejoren la asignación del gasto.