Dada la baja presión fiscal que existe en Colombia, los recursos de las universidades públicas tienen que ser complementados con una financiación contingente al ingreso (FCI). Puesto que el país no ha logrado consolidar un sistema tributario progresivo, es necesario buscar alternativas.

En Colombia la presión tributaria es muy reducida. Los ingresos del Gobierno Central Nacional apenas representan 16% del PIB. Este porcentaje es de 24% en América Latina, y considerablemente más alto en los países desarrollados. En el panorama internacional el tamaño del Estado en Colombia es relativamente pequeño. No es extraño, entonces, que la educación pública esté desfinanciada.

Y en el campo de la educación superior, de 310 instituciones que existen actualmente, 72,6% son privadas y 27,4% oficiales. La falta de alternativas educativas para los jóvenes es preocupante. Mientras que en Colombia 26% de la población entre 25 y 34 años de edad ha alcanzado algún nivel de educación terciaria, en los países de la Ocde la relación es de 41%.

Los egresados de las instituciones de educación superior públicas y de programas como Ser Pilo Paga, una vez que en su vida profesional obtengan un nivel de ingresos suficiente para ser contribuyentes del impuesto a la renta, deben pagar, total o parcialmente, la formación que recibieron.

En los sistemas de crédito convencionales (CC) se fija el plazo para pagar la deuda, y la tasa de interés determina el valor de la mensualidad. En la financiación contingente al ingreso, el deudor paga un porcentaje de su ingreso hasta que termina de cumplir con la obligación, así que el período de amortización es variable, y no existe una tasa de interés predeterminada.

Mientras que en el CC la variable más importante es la tasa de interés, en la FCI el punto de referencia es el ingreso, y el único valor fijo es el porcentaje del ingreso que la persona debe pagar. Si el ciclo del mercado laboral reduce los ingresos del egresado, se amplía el plazo de pago.

Al mantener constante el peso de los pagos con respecto al ingreso, se minimiza su impacto negativo sobre el nivel de consumo. En el CC los cambios en la tasa de interés inciden en el valor de la deuda, y afectan directamente la capacidad de pago del egresado.

En la FCI la tasa de interés permite calcular el valor presente neto de la deuda, pero no afecta la calidad de vida del egresado porque la tarifa que determina el pago está atada al ingreso. La FCI protege contra las fluctuaciones erráticas de los mercados de capitales.

En la FCI el período de pago cambia de acuerdo con el ingreso de cada persona. De todas maneras, se fija un período máximo de pago, por ejemplo 15 años. Si durante este lapso el egresado no alcanza a amortizar toda la deuda, el saldo restante se cancela.

La ley 1911 de 2018 dio un primer paso hacia la FCI pero no avanza lo suficiente. La FCI tiene varias virtudes: favorece la equidad, la calidad, la cobertura y, además, no sesga la elección de la carrera.

El estudiante elije la profesión que responde a su vocación, y no la que considera más rentable, como sucede con el CC. Los recursos obtenidos a través de la FCI deben volver a las instituciones de educación superior públicas para complementar las transferencias ordinarias. Y su distribución entre las entidades se puede realizar en función de indicadores de calidad.