Estos días que se está discutiendo en el Congreso el presupuesto para el 2024, es importante diferenciar los alcances del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la disponibilidad de los recursos agregados del Estado. En el plan de desarrollo se incluyen metas globales, que comprenden los logros de todas las instancias del Estado (gobierno central, alcaldías, gobernaciones y empresas públicas).

El cumplimiento de estos objetivos, no se consigue solamente con los recursos del gobierno nacional, así que es indispensable considerar la totalidad de los ingresos disponibles. La diferencia entre el PGN y el total de ingresos es notoria.

En 2024, la suma global de los recursos de inversión es de $223,2 billones. Esta cifra incluye $97,7 billones del PGN, $71 billones del Sistema General de Participaciones (SGP), $14,4 billones del Sistema General de Regalías (SGR), y $40,1 billones de la disponibilidad para inversión de las entidades territoriales (municipios y departamentos).

El examen del balance global tiene ventajas y, al mismo tiempo, plantea retos importantes. Por el lado positivo, muestra que más allá de las restricciones que impone le impone al PGN el considerable aumento del servicio de la deuda, y la transferencia para el fondo de estabilización del precio de los combustibles (Fepc), todavía queda un monto significativo de recursos para la inversión.

En 2024, la suma del servicio de la deuda y del Fepc, puede ser del orden de $38 billones. Con toda razón, esta cifra genera pesimismo, porque restringe el margen fiscal, pero cuando se mira los recursos globales, el panorama es menos negativo, y obliga a reflexionar sobre las posibilidades de gestión del conjunto de la administración pública.

Es indispensable que haya concurrencia de recursos alrededor de proyectos comunes. La mirada del gobierno central no se puede reducir al manejo del PGN. La tarea de los ministros no se limita a ejecutar el presupuesto del PGN. El gobierno central debe buscar la coordinación de sus tareas con los alcaldes y gobernadores.

La concurrencia de recursos tiene que apalancar proyectos estratégicos y ello solamente es posible si hay un diálogo intenso entre la Nación y los gobernantes locales. Sin la gestión armónica entre los diversos niveles de gobierno no es posible que haya convergencia entre las fuentes de recursos.

La concurrencia se debe llevar a cabo juntando fuentes heterogéneas. Quizás el ejemplo más significativo de la asimetría es el que se presenta actualmente con el manejo de las regalías. La falta de coordinación ha sido evidente. Sin duda, los gobernadores y los alcaldes son autónomos en la asignación de un porcentaje importante de las regalías. Pero dado que nadie les puede obligar a que destinen estos recursos hacia un objetivo específico, es necesario que haya una coordinación estrecha entre el gobierno nacional y las autoridades locales, de tal forma que todas las fuentes de recursos confluyan hacia el mismo propósito.

Consideraciones similares se podrían hacer sobre la necesaria articulación entre los recursos nacionales y los generados en las ciudades. El malestar por la limitación de recursos se podría reducir si las diversas instancias de decisión compartieran objetivos comunes. El reto es enorme porque es muy difícil la coordinación entre los ministerios y, más compleja aún, la de éstos con los gobiernos locales.