Los males de Buenaventura son profundos y, sin duda, son estructurales. Todos los daños que suelen estar asociados a las economías de enclave se presentan allí. La ocupación del territorio es desigual, y la construcción palafítica en Cascajal es el resultado de la presión sobre el suelo que resulta de la actividad portuaria, y de la mirada pasiva del gobierno. En medio de la pobreza se ha ido consolidando una economía ilegal de drogas, minerales y recursos naturales. Es inaceptable que los habitantes de Buenaventura no puedan tener acceso a una mínima parte de la riqueza que se mueve por el mayor puerto del país. Sus condiciones de vida son deplorables.

De acuerdo con el índice de pobre multidimensional que estimó el Dane con los datos del Censo del 2018, la tasa de analfabetismo de Buenaventura es de 14,1%, el 48,3% de los hogares tienen bajo logro educativo, la eliminación de excretas es inadecuada en el 32,4% de los hogares, el 26,3% no tienen agua potable, y el trabajo informal es del 88,6%. En la zona rural la informalidad es del 94,2%.

Estos datos muestran que el problema es estructural, y que requiere acciones integrales, que van mucho más allá de intervenciones puntuales. En lugar de disfrutar de los excedentes que provienen de las economías legales, el puerto se ha convertido en un paso esencial del narcotráfico y de actividades ilegales.

En otras ciudades del Pacífico, como Tumaco y Quibdó las estadísticas relacionadas con las condiciones de vida son similares. Por ejemplo, en Quibdó la informalidad es de 87,9% y en Tumaco de 90,7%. La biodiversidad pacífica no ha sido aprovechada, y en esta región son evidentes las brechas sociales y económicas que existen en el país.

Una de las mayores dificultades de estas ciudades tienen que ver con los terrenos ganados al mar, y con las zonas de bajamar. El limbo jurídico siempre se presenta como insoluble. Por un lado, y con bastante razón, los pobladores argumentan que ellos deben quedarse donde están, y que exigen de los gobiernos (nacional, departamental y local) ayuda para mejorar la calidad de las viviendas actuales. Pero, por el otro lado, las diversas administraciones argumentan que la ocupación es ilegal y, por tanto, no se deben hacer mejoras significativas. Y, además, las viviendas están ubicadas en una zona de alto riesgo. Si se permite que la población permanezca en el mismo sitio, continúan los voceros gubernamentales, se le hace un enorme daño porque el peligro es inminente.

Las dos grandes opciones del ordenamiento territorial son mantener a la población en la misma zona y mejorar de manera sustantiva la construcción palafítica, o trasladarla a otros sitios de la ciudad. Es asombroso que no se avance en ninguna dirección.

El Fondo para el Desarrollo Integral de Buenaventura (ley no. 1872 de 2017) no ha funcionado. Los recursos de la región pacífica pueden aumentar si además de mejorar las finanzas propias, se realizan transferencias compensatorias a partir de las aglomeraciones. La conservación de la biodiversidad es una responsabilidad colectiva. Los montos obtenidos a través de impuestos al carbono y otros tributos ambientales son muy bajos. Se requiere que haya aportes de las ciudades grandes e intermedias, y del gobierno nacional. Y, finalmente, se debería cobrar una contribución especial por cada tonelada que entre o salga del puerto.