La aprobación del crédito de la Ptar Canoas por US$100 millones con el Banco Mundial es una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha sido la miopía nacional frente a este proyecto de carácter estratégico.

La modernización de las Ptar es una pieza central del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. El ordenamiento del territorio alrededor del agua incluye las Ptar como un asunto prioritario. Así que la preocupación por la descontaminación de todas las Ptar debería ser una opción inaplazable.

Esta decisión no se ha tomado, y el aplazamiento es inaceptable. El costo de modernizar todas las Ptar se estima en $22 billones.

Si se hace un análisis sencillo costo/beneficio es incomprensible que se aplacen estas inversiones. Primero, porque de todas maneras, tarde o temprano, se tienen que realizar. Y, segundo porque el costo se va incrementando a medida que la decisión se pospone. La historia de la Ptar Canoas ha sido una secuencia de aplazamientos.

La obra de Canoas siempre se ha considerado, de manera equivocada, como un proyecto de Bogotá-Cundinamarca. Esta mirada estrecha olvida que la descontaminación del río Bogotá impacta a medio país, a través del Magdalena. Este comentario es pertinente porque los departamentos que atraviesa el río Magdalena no consideran Canoas como su inversión, a pesar de que los afectan directamente.

Esta mirada parcializada es una expresión de la fragmentación y departamentalización de los proyectos de inversión. En la contabilización de la inversión por departamentos, Canoas termina siendo considerada como un proyecto exclusivamente de Bogotá-Cundinamarca.

Lo más sorprendente es que las garantías del crédito dependan del Acueducto de Bogotá y de la Alcaldía, y no del conjunto del país. El argumento según el cual quien contamina paga no se aplica en este caso. Una vez que se ha hecho el daño ambiental, la solución tiene que ser colectiva. No es posible hacer una regresión hacia el pasado tratando de indagar por el culpable. La complejidad de la justicia intergeneracional obliga a que haya una respuesta de toda la sociedad actual, con el fin de que el futuro pueda ser más amable para quienes vienen detrás.

Las acciones que claramente tienen impactos favorables sobre la conservación de los activos ambientales, deben tener un tratamiento especial. Ha llegado el momento de que la política pública establezca prioridades en los temas ambientales, y que ello se refleje en una flexibilización del margen fiscal. Inversiones como las de la Ptar, la lucha contra la deforestación, o la conservación de la biodiversidad Pacífica, no deberían incluirse en la contabilidad del déficit fiscal primario. La regla fiscal verde es una alternativa razonable para la conservación de la riqueza ambiental.

No se trata de pintar cualquier gasto de verde. No es un llamado a la irresponsabilidad en el manejo del gasto. La regla fiscal verde exige que la inversión sea certificada por una entidad calificada para tal fin. Este debate avanza a nivel internacional. Desde el punto de vista contable se suele afirmar que “gasto es gasto”. Este postulado que cierra la discusión sobre las modalidades de financiamiento de los activos ambientales tiene que ser replanteado de manera sustantiva.

En la hoja de Excel las cifras suman sin cualificar su contenido. En la realidad de las sociedades, y en las angustias derivadas de la trampa malthusiana que aprisiona la vida humana en la tierra, todo gasto no es gasto.