Sorprende que el monto del servicio de la deuda, que es el tema más relevante del presupuesto 2022, sea el que menos se discuta. El asunto no causa alarma en el Congreso, ni genera polémica en la opinión pública.

De $350 billones, el servicio de la deuda (abono a capital e intereses) es de $78,1 billones, equivalentes a 22,3% del presupuesto. Solamente al pago de intereses se destinarán $38,2 billones. Después del servicio de la deuda, le sigue con una distancia considerable, el gasto en educación, que es $49,3 billones (14,1% del presupuesto).

El elevado servicio de la deuda es la expresión más clara de la forma laxa como en los últimos años se ha enfrentado la situación fiscal. El mal se ha venido ahondando. Es evidente que el peso de la deuda ha ido ahogando la disponibilidad presupuestal.

En el Congreso la deuda apenas es vista como un cierre contable, pero no se analizan las razones estructurales que la están causando y, mucho menos, los criterios que tienen las autoridades monetarias para contratarla (tipo de bonos, tasa de interés, características de los tenedores de títulos, tipos de subasta, etc.).

De manera equivocada se piensa que el asunto es exclusivamente técnico, y que las decisiones relevantes sobre su monto y composición, no son asunto del debate público.

No solamente es escandaloso el monto destinado al servicio de la deuda. Es preocupante la dinámica que ha tomado el saldo de la deuda pública. Como porcentaje del PIB, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central pasó de 38,9% en 2014 a 64,7% en el 2020.

De manera irresponsable se ha ido posponiendo una reforma tributaria, que con criterios progresivos aumente el recaudo y permita responder por el gasto público, que con el paso del tiempo sigue aumentando.

En lugar de enfrentar el problema, los gobiernos insisten en el discurso de la austeridad. Los llamados a la reducción del gasto son inútiles porque éste tiene que continuar subiendo.

La modernización del Estado implica que haya un mayor gasto, así que la única manera de cerrar la brecha es incrementando los impuestos. Y las administraciones Santos y Duque han sido laxas y, una tras otra, han pospuesto las decisiones relevantes.

Y con desfachatez, en la reforma tributaria que se acaba de aprobar se reconoce que no se cerrará el hueco fiscal. Y se decide aumentar los márgenes de endeudamiento permitidos, tanto para las entidades territoriales como para la Nación.

En el caso de los municipios y departamentos, el indicador de sostenibilidad de la deuda pasa de 80% a 100%. Y el de capacidad de pago sube de 40% a 60%. Y ahora a la Nación se le permite que el saldo de la deuda pública con respecto al PIB llegue hasta 71%.

Dicho de otra manera, la reforma tributaria reconoce que el mayor recaudo será insuficiente, y en lugar de mejorar la estructura fiscal, opta por el camino fácil de permitir incrementos de la deuda pública.

Es muy curioso que a medida que se van incumpliendo las metas fiscales, se acentúe el discurso sobre la rigurosidad fiscal. De manera hipócrita, en la reciente reforma tributaria se anuncia que se fortalecerá el llamado Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Mientras tanto, los hechos están mostrando de forma contundente que el mecanismo de la regla fiscal ha sido un fracaso, y nada indica que haya voluntad política para modificar el actual estado de cosas.