Se espera que durante la presente legislatura, el Congreso discuta la ley de competencias. El Acto Legislativo 03 de 2024 aprobado por el Congreso reforma los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. La norma busca que, de manera progresiva, en un período de 12 años, el porcentaje de transferencias (Sistema General de Participaciones - SGP), con respecto a los ingresos corrientes, suba de 23,8% en el que estaba en 2023, a 39,5%.

En el Congreso se presentará una tensión muy difícil entre la lógica sectorial y la geográfica. Existe el peligro de que lo sectorial termine predominando sobre las dimensiones geográficas. El Gobierno todavía no ha presentado el proyecto de ley, y es muy factible, que en lugar de crear los mecanismos para que haya convergencia entre regiones, el Congreso se convierta en el escenario de una disputa por mayores porcentajes de recursos entre los diferentes sectores.

Si efectivamente la balanza se inclina hacia lo sectorial, no se lograrán cerrar las brechas. Y, otra vez, se perderá una excelente oportunidad para reducir las desigualdades regionales. El plan de desarrollo de López de 1974 se llamaba “Para cerrar la brecha”. En este medio siglo no hemos logrado acabar con las desigualdades.

Esta tensión ente los sectores y la geografía es comprensible porque dos de los objetivos de la nueva ley de competencias tienen que ver, primero, con los sectores que considera prioritarios y, segundo con el cierre de brechas. De acuerdo con el Acto Legislativo, los recursos del SGP deben darle “prioridad a los derechos y servicios salud, educación preescolar, básica, media y superior, y agua apta el consumo humano y saneamiento básico”. Y agrega que por esta vía se cerrarán las “brechas económicas, sectoriales y territoriales”.

A partir de estas afirmaciones se crea una tensión entre los enfoques sectorial y regional. Esta ambigüedad puede llevar fácilmente a que se le de preferencia a lo sectorial en detrimento de lo regional. Si ello sucede así, no se logrará la convergencia. Esta prelación por lo sectorial va en contra del espíritu de la Constitución del 91, y de los mensajes reiterativos de la Misión de Descentralización y, más recientemente de la Federación Nacional de Departamentos.

En lugar de avanzar de lo sectorial a lo regional, se debe ir de lo regional a lo sectorial. El cierre de las diferencias sectoriales se debe examinar desde la dimensión regional, y ello obliga a romper la lógica sectorial. Por ejemplo, los avances en salud preventiva no se logran sin educación, sin condiciones adecuadas de la vivienda y sin acueducto. El mejoramiento de un indicador específico está íntimamente ligado al comportamiento de los otros sectores. La discusión no debe ser por la distribución del presupuesto entre sectores, sino por el ritmo de cierre de la brecha regional, entendida desde una perspectiva multisectorial. Desde esta perspectiva, no es adecuado que la ley de competencia termine definiendo porcentajes fijos para distribuir los recursos entre sectores.

Más allá de los sectores, la ley de competencia tiene que proponer alternativas que permitan eliminar las brechas económica y territorial. El punto de llegada tiene que evaluarse en función del bienestar de las personas. Todos los indicadores deben llevar a examinar las condiciones de vida del hogar.

Es necesario tomar medidas para evitar que en el debate parlamentario lo sectorial termine ahogando lo regional.