En las actuales circunstancias no es conveniente una nueva reforma tributaria. Y esta afirmación no desconoce que las dificultades fiscales se agudizarán en 2025. Entre 2024 y 2025 el servicio de la deuda aumentaría de $94,5 billones a $112,6 billones, y la inversión tendría una reducción de $99,8 billones a $82,4 billones. Un indicador sencillo de la crisis fiscal es el cambio que se ha presentado en la relación entre el servicio de la deuda y la inversión. Pasaría de 0,94 a 1,36.

Este peso tan significativo del servicio de la deuda frente a la inversión necesariamente tendrá un efecto negativo en la actividad económica. Si la inversión pública cae, la dinámica privada sufre un fuerte golpe. La relación entre ambas es de 1 a 4. Solamente para el pago de intereses en 2025 se destinarán $59,4 billones.

Aún reconociendo la complejidad de la situación fiscal actual, no es pertinente avanzar en una reforma tributaria. Primero, porque el gobierno ha puesto el énfasis en la tasa nominal del impuesto a la renta de las personas jurídicas, y ha propuesto bajarla unos 5 puntos cerca a 30%. Antes de abrir el debate sobre la tasa nominal habría que examinar la efectiva. En una de sus estimaciones, la Comisión de Beneficios Tributarios de 2021 dijo que la tasa efectiva era 24%. A propósito de la reforma tributaria de 2022, el Ministerio de Hacienda calculó una tasa efectiva de 25,5%. La diferencia entre las tasas nominal y efectiva se explica por el peso considerable que tienen las exenciones, las deducciones, los descuentos, y las diversas modalidades de gasto tributario.

Segundo, porque si se baja el impuesto a la renta de las empresas es necesario proponer otras fuentes de recursos que lo reemplacen, y que además permitan llegar a los $12 billones, de los que ha hablado el Ministro de Hacienda. Y en la administración Petro este nuevo recaudo tiene que ser progresivo. Esta exigencia no era evidente en la reforma de Carrasquilla, y por ello podía ampliar los alcances del IVA, y extender la base de contribuyentes del impuesto a la renta.

Tercero, porque el gasto no ha sido eficiente. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Gasto de 2017, en el plan de desarrollo se aprobó un artículo que formaliza el “presupuesto por programa”. La Comisión reconoce que el gasto público no se puede bajar, e insiste en que el mayor gasto se tiene que ejecutar de manera eficiente. Y la mejor forma de lograrlo es a través de la definición de programas estratégicos, que obliguen a la concurrencia de recursos, que eviten la sectorización, y que eliminen la anualidad del presupuesto. Es frecuente asociar la eficiencia del gasto a la corrupción. Obviamente, allí hay un problema, pero el mayor desperdicio del gasto tiene que ver con la ausencia de proyectos estratégicos que obliguen a articular recursos.

Cuarto, por los anuncios que ha hecho el gobierno, es claro que esta reforma tributaria, como las anteriores, dejará de lado las finanzas regionales. Las rentas derivadas del suelo y del urbanismo tienen enormes potencialidades que el país continúa sin reconocer. La Misión de Descentralización, que acaba de entregar el informe final, muestra la conveniencia de modificar la fiscalidad local, dándole mayor autonomía, sobre todo a los departamentos, y buscando que haya convergencia regional, de tal forma que las brechas existentes se vayan reduciendo. Si las finanzas locales mejoran se reducen las presiones sobre los recursos nacionales.