El Dane acaba de publicar los datos de la evolución de la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2019. Los hechos más significativos son:

Primero. La incidencia disminuyó. A nivel nacional pasó de 19,1% a 17,5%. Ello significa que 615.000 personas salieron de la pobreza. Esta será la línea de referencia para captar el impacto de la pandemia. Durante este año, 2020, la pobreza aumentará. Gracias a esta oportuna publicación del Dane se podrá saber en dónde estaba el país antes de comenzar a sentir los dolores causados por el covid 19. El año pasado marca el punto final de la tendencia descendente de la pobreza.

Segundo. Permanece la brecha urbano-rural. Este mal estructural se mantiene, y es probable que se agudice con la pandemia. Entre 2018 y 2019 la pobreza disminuyó, tanto en las cabeceras como en la zona rural, pero las diferencias son notorias. En 2019 la incidencia en las ciudades fue de 12,3% y en las zonas rurales de 34,5%. Las condiciones de vida en el campo continúan siendo muy difíciles. Un signo de la modernización de la agricultura es la convergencia campo- ciudad. Y este acercamiento no es bueno solamente para los hogares de las zonas rurales, sino que es una condición necesaria para que las dinámicas urbanas sean sostenibles desde el punto de vista ambiental. La brecha campo-ciudad es la consecuencia del fracaso del modelo extractivista. Las bonanzas de petróleo y carbón no fortalecieron la productividad agropecuaria. Todo lo contrario, la revaluación del peso estimuló las importaciones y golpeó muy duro la producción doméstica.

Tercero. Preocupa el aumento de la incidencia de la pobreza en Bogotá, que pasó de 4,1% a 7,1%. Desde antes de 2019, la curva de descenso de la pobreza ya se estaba frenando en Bogotá. Gran parte de la explicación de lo sucedido entre 2018 y 2019 tiene que ver con las dificultades de acceso a los servicios de salud. Este cambio de dirección de la curva, antes de la pandemia, muestra que siempre se debe estar vigilante. Los logros sociales son reversibles, y son intrínsecamente frágiles.

Cuarto. En general, las privaciones más significativas tienen que ver con la informalidad, que pasó de 72,7% a 72,9%. Las consecuencias negativas de esta alta incidencia han aflorado durante la pandemia. La lucha contra la informalidad y el mejoramiento de las condiciones laborales es un requisito indispensable para avanzar en productividad y competitividad.

Quinto. Este panorama, que en 2019 todavía permitía cierto optimismo cambió con la pandemia. Todas las proyecciones indican que la pobreza aumentará a partir de 2020. Este escenario debería llevar a un replanteamiento de las políticas de intervención del Estado. La modernización de la agricultura y el mejoramiento de la productividad, y de las condiciones de empleo tendría que ser una prioridad. Pero este camino es imposible si se insiste, como lo hace el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en mantener un Estado raquítico. Es inconcebible que la luz de la actual coyuntura, el Ministerio de Hacienda pretenda que en los próximos años el gasto público, como porcentaje del PIB, se mantenga alrededor de 18%-19%. Con este nivel de gasto tan bajo es imposible luchar contra la pobreza, y no se logrará reactivar la economía. Es ilusorio pensar que en 2021 se logrará un crecimiento de 6,6%, con una inversión pública de apenas 1,7% del PIB.