El nuevo acto legislativo (05 de 2019), que vuelve a modificar la anterior distribución de las regalías (acto legislativo 05 de 2011 y ley 1530 de 2012), acaba de ser reglamentado. En este momento la norma está en proceso de conciliación. El acto legislativo del 2019 avanza con respecto al de 2011 porque destaca la importancia de la integración regional de los proyectos. Pero este buen propósito se dificulta con la inflexibilidad creadas por los porcentajes y la distinción esquemática entre los tres tipos de asignaciones: directa, inversión local e inversión regional. Los porcentajes fijos de carácter constitucional son perversos, e impiden la discrecionalidad que sería necesaria para definir proyectos estratégicos.

Independientemente de los aspectos coyunturales, los criterios de distribución presentan problemas estructurales, que se desprenden de la falta de visión de largo plazo que ha caracterizado el manejo de las regalías. Este mal no se corrige con el acto legislativo de 2019 y, mucho menos, con la nueva ley.

Entre los actos legislativos de 2011 y de 2019 hay cambios sustantivos en la distribución de las regalías. Los hechos más notorios son: i) Un aumento de las asignaciones directas. ii) Un replanteamiento de los fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. iii) Y una disminución de los fondos de ahorro y de pensiones.

El acto legislativo 05 de 2011 amplió el cubrimiento de las regalías y redujo la participación de las entidades productoras. Se trataba, en el lenguaje del entonces ministro Echeverry, de que la “mermelada llegue a toda la tostada”. La reforma de 2019 echó para atrás, y volvió a una distribución en la que se privilegian las necesidades de los municipios productores, como antes del acto legislativo de 2011.

Al evaluar los resultados del acto legislativo de 2011, la Contraloría de Maya mostró que las regalías se dispersaron en más de 12.000 pequeños proyectos, sin ninguna visión estratégica. Y desde su punto de vista, la fragmentación de recursos terminó en una piñata.

El acto legislativo de 2019 hace caso omiso de las recomendaciones de la Contraloría, y aunque explicita la importancia de la dimensión regional, no propone mecanismos que eviten la dispersión de recursos. En lugar de crear condiciones propicias para definir proyectos estratégicos, el acto legislativo de 2019 y la ley que se acaba de aprobar, mantienen porcentajes de reparto inamovibles, que fue uno de lo grandes errores del acto legislativo de 2011. Es notorio el afán por definir reglas en lugar de dejar abierto el espacio para decisiones discrecionales, en función de prioridades nacionales y territoriales.

Algunos de los gobiernos locales han dicho que la nueva ley reduce la autonomía, y que va en contra de la descentralización. Este tipo de argumento favorece la dispersión de proyectos. En contra de esta lógica, el país debería avanzar en la definición de pocas inversiones estratégicas. Y Planeación Nacional tendría que articularlas, de tal manera que las prioridades nacionales intrínsecamente contribuyan al desarrollo regional. En esta mirada de mediano y largo plazo, las regalías se tienen que integrar con los recursos del Sistema General de Participaciones. Nada de esto se consiguió con el acto legislativo de 2019 y, mucho menos, con la nueva ley. ¡Sigue la piñata!