El proyecto de ley sobre competencias que el Gobierno ha puesto a circular, con el mensaje “Borrador Diálogo Social” no es malo ¡Es pésimo! Es una tristeza que se esté perdiendo una oportunidad de oro para diseñar instrumentos que permitan corregir las enormes desigualdades que existen entre las regiones del país ¡La situación es decepcionante!

Después de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2024 que aumentó las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos, se esperaba que el Gobierno Nacional asumiera con seriedad el rediseño de las competencias de las entidades territoriales. No ha sucedido así. Es una lástima que no se aproveche este momento para replantear de manera sustantiva el actual modelo de descentralización, que no ha permitido cerrar las enormes brechas que existen entre las regiones.

La falta de liderazgo del Gobierno ha llevado a una rapiña sectorial en la que los principales protagonistas han sido educación y salud. Para Fecode es fundamental que los mayores recursos se expresen en beneficios gremiales. Y el sector salud, además de aprovechar la ley de competencias para consolidar los Centros de Atención Primaria, CAP, busca incrementar el monto para la prevención. A esta pelea por los porcentajes se le han sumado los indígenas y, seguramente, vendrán otras “poblaciones” e “identidades” a exigir su parte. Además de la dispersión de recursos, estos porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales impiden que haya una planeación discrecional guiada por criterios que pongan en primer lugar la disminución de las diferencias regionales.

Como se temía, en lugar de proponer mecanismos que permitan reducir las desiguales regiones, el desmembramiento de los recursos en porcentajes sectoriales arbitrarios desvirtúa la esencia del Acto Legislativo 03 que busca cerrar las brechas económicas, sectoriales y territoriales.

El plan de desarrollo de López se proponía “cerrar las brechas”. Cincuenta años después, en lugar de brechas, observamos abismos. El proyecto de ley del Gobierno no respeta las disposiciones del Acto Legislativo porque la disputa sectorial terminará acentuando las desigualdades.

El mal de raíz del proyecto es la ausencia de las tipologías de municipios y departamentos. Esta tarea se le deja al DNP. Es un error porque la categorización es una condición necesaria para precisar las competencias. Además, se mantiene la tipología de las leyes 617 de 2000 y 2082 de 2021, que es inadecuada porque agrupa 967 municipios en la categoría 6. Es incomprensible que el Gobierno no haya incorporado las principales conclusiones de la Misión de Descentralización del DNP. Tampoco tuvo en cuenta las recomendaciones que hizo la Federación de Departamentos.

Ambas propuestas introducen la dimensión geográfica a través de las densidades y las distancias. Además, las tipologías que allí se definen rompen con la pretensión de homogenización de la ley 617, y permite reconocer la heterogeneidad de las regiones del país. Una de las características de estas nuevas tipologías es el énfasis en la geografía y, con razón, reduce la importancia que se le atribuye a la variable poblacional. Gracias a la geografía, es posible diseñar mecanismos que permitan avanzar en la búsqueda de la convergencia.

El Gobierno no hizo la tarea. Ojalá el Congreso logre el milagro de transformar este proyecto desastroso en una norma decente, que efectivamente favorezca la autonomía local y contribuya al cierre de brechas.