En 1893, Adolph Wagner afirmó que el gasto público como porcentaje del PIB siempre crece. Esta afirmación se ha convertido en una “ley”. Efectivamente, en el panorama internacional es claro que el gasto público continúa subiendo. De acuerdo con las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales, en las economías avanzadas el saldo de la deuda pública con respecto al PIB podría llegar en 2030 a 110%, y a 210% en 2050. Actualmente, en Japón es de 240% del PIB. En Colombia, en 2012 la relación era 33,2%, y la estimación para 2026 es de 58,7%. La regla fiscal que se creó en 2012 no se ha traducido en una reducción del saldo de la deuda.

Es importante traer a colación las ideas de Wagner porque, en medio de la actual crisis fiscal, la opinión generalizada ha sido la de reducir el gasto. La posición más taxativa ha sido la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que propone recortar el gasto en $32 billones. Esta disminución no es realista. Es ingenuo pretender que el gasto público se pueda reducir en un monto tan significativo. En lugar de insistir en reducciones imposibles del gasto, se deben buscar otras alternativas. Hay tres caminos.

El primero tiene que ver con la tributación internacional. Oxfam ha reiterado la importancia de frenar la acumulación de los súper súper súper ricos, y retoma la propuesta de la filósofa Ingrid Robeyns, quien considera que debe existir un límite a la riqueza extrema, que podría estar en US$10 millones. Oxfam considera que los paraísos fiscales se deben eliminar. En esta misma línea, Thomas Piketty ha propuesto una tributación internacional a las grandes multinacionales. También ha ido ganando espacio la discusión sobre las bondades de los impuestos globales al carbono. Sigue vigente la idea de James Tobin, de establecer un impuesto a las transacciones internacionales con dos propósitos: por un lado, frenar la especulación financiera y, por el otro, obtener recursos para propósitos que la sociedad juzgue valiosos. Colombia debe participar en estos debates y exigir que se avance en las diversas modalidades de tributación internacional.

El segundo camino debe ser una reforma tributaria territorial. Las reformas realizadas en el país se centran exclusivamente en los recursos de la Nación. Esta forma de proceder ha sido errónea. No se debería continuar realizando acuerdos fiscales que solamente incluyan las necesidades del gobierno central. Son claras las interacciones entre los diferentes niveles del gobierno. El contribuyente tiene que responder simultáneamente a las demandas tributarias de la Nación, los municipios y los departamentos. En las discusiones fiscales se ha minimizado el papel que pueden cumplir los impuestos al suelo y a las diversas modalidades de plusvalías urbanas.

La tercera alternativa es el manejo eficiente del gasto. Desde hace por lo menos 20 años se ha dicho que el presupuesto por programa es importante. A pesar de que la idea se repite una y otra vez, no se pone en práctica. El plan de desarrollo da un paso importante porque incluye un artículo exigiendo el presupuesto por programa. Y, no obstante la disposición normativa, la metodología presupuestal no se cambia. Una clara muestra de ineficiencia es el manejo de las regalías. Basta un dato. En 2023 se aprobaron 3.200 proyectos por un valor promedio de $3.000 millones. Se trata de “proyecticos” que no alcanzan a tener ningún impacto estratégico. Esta dispersión es inaceptable.