La distribución de las regalías debe ser modificada de manera sustantiva. El cambio constitucional que se hizo en el 2011 buscó que las regalías llegaran a un gran número de municipios, evitando que siguieran concentradas en las regiones productoras.Este propósito se consiguió. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el DNP y el Ministerio de Hacienda las regalías efectivamente se distribuyeron a lo largo del territorio nacional.

Pero este logro distributivo tuvo un altísimo costo, que ha sido la dispersión de los recursos en unos 13.000 proyectos. La abundancia de pequeños proyectos no ha permitido que se realicen inversiones estratégicas, enmarcadas en una visión de largo plazo.

El manejo que se ha hecho de los excedentes de la bonanza ha sido totalmente equivocado, como lo denunció, con toda razón, el excontralor Maya. En su opinión, la dispersión no ha permitido que las regalías contribuyan a sembrar la bonanza. Las regiones productoras continúan comportándose como economías de enclave.

La enfermedad holandesa aumentó la importación de alimentos básicos y el aparato industrial sigue raquítico. Desde el punto de vista institucional, concluye Maya, los Órganos colegiados de administración y decisión (Ocad) han fracasado.

El anuncio de una nueva bonanza vuelve a poner en primer plano la discusión sobre la forma en cómo se deben distribuir las regalías. Las primeras estimaciones indican que el monto disponible podría ser de $20 billones. Y existe el peligro inminente de que estos recursos continúen desaprovechándose.

Los municipios productores están buscando que en la nueva distribución a ellos les asignen 50% del total de regalías. Preocupa que esta petición no se enmarque en una mirada de largo plazo, basada en una premisa fundamental: las regalías tienen que financiar pocos proyectos estratégicos que, por su naturaleza, favorezcan el desarrollo nacional y que tengan impacto en la productividad local y en el bienestar de sus habitantes. Si las regalías se destinan a financiar proyectos estratégicos, en el mediano plazo las regiones serán las más beneficiadas.

Se podrían articular cinco grandes proyectos estratégicos. El primero sería la modernización del Igac con $3 billones. El mejor negocio para todos los municipios del país es la actualización de los avalúos catastrales. Los recursos propios aumentarán en un plazo muy breve.

Y en tales circunstancias, se les podría asignar a los departamentos, de manera permanente, dos o tres puntos del predial. En los municipios pequeños con baja capacidad institucional, el cobro del predial debe ser realizado por alguna instancia nacional.

El segundo sería acueducto. Los municipios sin acueducto o con problemas de acueducto tendrían la obligación de darle prioridad a esta inversión. El tercero sería la puesta al día de la infraestructura de todas las escuelas del país, comenzando por las rurales.

El cuarto serían las carreteras terciarias. Y el quinto la atención de la biodiversidad, especialmente en el Pacífico y el Amazonas. La definición de las prioridades en ciencia y tecnología deben nacer de una comisión científica y no del Ocad.

Los cambios son urgentes porque las regalías se pueden seguir despilfarrando. Afortunadamente, la directora del DNP, Gloria Alonso, entiende bien la necesidad de priorizar proyectos estratégicos, como bien lo expreso cuando era vicecontralora de Maya.