Es comprensible que a los grandes empresarios les haya cogido el afán e insistan en que la ley de financiamiento se tiene que tramitar rápido en el Congreso, tal y como fue aprobada antes de la declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Pero este afán es inaceptable en el Gobierno. No es conveniente correr. A lo largo de este año se han presentado hechos importantes que obligan a repensar los alcances de la ley y que obligarían a proceder con cautela.
El primer hecho significativo es la aceptación, por parte del Gobierno y por diversos analistas, que la norma aprobada en diciembre del año pasado es una ley de “desfinanciamiento”. Las exenciones superan el recaudo y, por tanto, la ley iba a agudizar el desbalance fiscal. Y la prueba contundente de esta apreciación la ofrece el propio gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que ya incorpora el impacto de la norma. De acuerdo con las proyecciones realizadas por Hacienda, entre el 2019 y el 2030 los ingresos del Gobierno Nacional caerían del 16,6% del PIB a 15,7%. Si la tendencia de los recursos públicos es a la baja, es irresponsable que el Ministerio de Hacienda le presente al Congreso la misma ley.
El segundo elemento que habría que tener en cuenta para evitar el afán, es la necesidad de reflexionar con más serenidad sobre la supuesta relación entre los menores impuestos, y el aumento del empleo, la inversión y el crecimiento. De acuerdo con esta lógica, la menor tributación generaría procesos endógenos virtuosos. Pero, de nuevo, esta secuencia no es evidente, ni a nivel nacional ni internacional. En esta discusión que es intensa el gobierno es contradictorio porque las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo desvirtúan el optimismo de sus declaraciones.
De acuerdo con los cálculos de Hacienda, el crecimiento del PIB se congelaría al 4% anual a partir del 2026. Y, además, se acepta que esta dinámica no es suficiente para mejorar los ingresos del Estado. Al mirar las proyecciones del Marco Fiscal se llega a la conclusión que el gobierno no cree en su propio discurso, porque no imagina un crecimiento endógeno y virtuoso. Si se procediera con más calma, habría que mirar otras secuencias analíticas que muestran una relación positiva entre tributación, empleo y crecimiento.
Y en estos meses se ha presentado un tercer hecho relevante, que los empresarios y el gobierno no quieren ver: se trata del descontento social que ha estallado en varios países de América Latina. Es una advertencia. A la larga, ni a los empresarios, ni al gobierno, ni a los hogares, les conviene un sistema tributario que sea incapaz de corregir las profundas desigualdades del ingreso y de la riqueza. Y, claramente, la ley de financiamiento no es progresiva. No reduce la desigualdad. Y en el lenguaje keynesiano, no crea condiciones para que los hogares mejoren su capacidad de pago y estimulen la demanda efectiva.
No se justifica el afán. A las finanzas públicas les va mejor sin la ley de “desfinanciamiento”. Es una fortuna que la Corte la haya hundido. Se abre una oportunidad maravillosa para volver a soñar con una reforma tributaria estructural. En lugar de correr, el gobierno debería leer con calma los diagnósticos recientes de las comisiones de expertos tributario y de gasto. En estas materias, el deber del gobernante es pensar despacio.