Colombia quiere una paz barata, y ello se refleja bastante bien en las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp). En las estimaciones no se presentan cambios sustantivos en la dinámica del gasto, ni se pone en evidencia la necesidad de nuevos recursos. Por el contrario, tal y como está planteado el Mfmp, las proyecciones indican que el gasto público destinado al posconflicto es compatible con el cumplimiento de la regla fiscal, con la reducción de la deuda pública, y con el cierre del déficit del sector público consolidado. Este último pasaría de -4% del PIB en 2016 a -1% en 2028.
Es interesante observar que estos cálculos del gobierno se hacen suponiendo que no hay cambios relevantes en la estructura de los impuestos a la renta y al patrimonio. Es decir, la meta se conseguiría sin que sea necesario que los contribuyentes de mayor capacidad de pago hagan algún esfuerzo adicional. La participación de los ingresos tributarios en el PIB se mantiene estable, y pasaría de 14,2% del PIB en 2016 a 14,9% del PIB en 2028. En la lógica de Hacienda el posconflicto no implica transformaciones sustantivas. Es un mundo maravilloso en donde los contribuyentes no tienen que hacer ningún tipo de sacrificio. Parecería como si la etapa que comienza fuera poco relevante, como si los acuerdos de La Habana no implicaran cambios estructurales en las modalidades de intervención.
El Mfmp estima que en los próximos 15 años el costo del acuerdo de La Habana será de $129,5 billones (pesos constantes de 2016), equivalentes a $8,6 billones por año. El principal componente del acuerdo es la reforma rural integral, que costaría $110,6 billones. El segundo componente es drogas ilícitas, que tendría un costo de $8,3 billones. El gobierno no ha precisado bien las fuentes de financiamiento, y no es posible saber si los recursos irán para proyectos nuevos o para fortalecer los que ya existen. Tampoco se explica si los recursos adicionales serán suficientes para ofrecer bienes y servicios públicos que necesita el campo.
No es claro si los $110,6 billones serán suficientes para responder por los compromisos adquiridos en La Habana. El Ministerio de Hacienda no presenta los supuestos que sirvieron para hacer estas estimaciones. Se deberían haber evaluado los costos de los programas existentes, de tal manera que se pudiera comparar el gasto inercial con los requerimientos normativos que son indispensables para modernizar el campo. Este ejercicio no se ha realizado.
En las fuentes de financiación el Mfmp menciona los rubros convencionales, como el Sistema General de Participaciones, sin indicar cuáles programas son nuevos, y qué recursos se le agregaron al presupuesto. Tal y como se presentan los datos, los compromisos del posconflicto no tendrán un impacto significativo en el presupuesto. Da la impresión que la mayor parte de los recursos son inerciales.

Como resultado de los acuerdos de La Habana, el PIB tendría un crecimiento adicional, por año, de 0,3%. El cuadre fiscal no se entiende. El Mfmp supone un equilibrio fácil que tiene tres componentes. Primero, no es necesario que haya cambios sustantivos en el gasto. Segundo, no se molesta a los contribuyentes. Y, tercero, la paz traerá inversiones que mejorarán el PIB. En este mundo maravilloso se cumple la regla fiscal y el déficit se cierra.