En medio de la tragedia económica de la recesión y de la epidemia, Colombia ha tenido la buena fortuna de contar con crédito a tasas históricamente bajas, lo que hizo innecesario que la Nación hubiese tenido que recurrir a la emisión monetaria primaria, permitió establecer programas sociales que compensara en algo la pérdida de ingreso para los más pobres y hasta alcanzó para comprar vacunas.

Pero para el año entrante no alcanzará la plata. Como el crédito depende de la estabilidad fiscal, es indispensable conseguir más recaudo de impuestos.

Esta necesidad fiscal imperiosa no es exclusiva de Colombia. Es difícil encontrar un país con estabilidad fiscal y que no esté planeando reformas para aumentar el recaudo de impuestos, hasta Estados Unidos, que puede emitir dólares con gusto y despreocupación, ya anunció la suya.

La reforma tributaria de este año es, entonces, más cuestión de oportunidad y contenido que de “modelo” económico: es imperativo que se apruebe este año, pero que se aplique el año entrante. La propuesta de Carrasquilla, además de oportuna, avanza en justicia tributaria en los tres más importantes impuestos: el IVA, el de ingresos de personas y el de utilidades de las empresas.

Hoy en día la mayor injusticia tributaria está en el IVA: un cálculo sencillo con datos del Dane muestra que una familia de 10% más rico deja de pagar por IVA cada mes $450.000, mientras que una familia de 10% más pobre paga por IVA $35.000 cada mes. Tamaña injusticia debe eliminarse, gravando más bienes con el IVA y quitando las exenciones (la tarifa a 0%) como lo propone la reforma. Claro, debe compensarse a todas las familias pobres todo el impuesto que paguen de IVA, incluyendo el pago adicional, llevándose la devolución mensual por lo menos a $50.000.

La segunda injusticia intolerable está en las tarifas de impuesto sobre los ingresos, las más bajas de América Latina y la Ocde. No solo hay que subir las tarifas, manteniendo la progresividad, sino que todo ingreso -de profesiones liberales, empleados, arrendamientos- debe pagar impuestos a la misma tasa, quitando todas las exenciones y descuentos, pagando sobre 75% de lo que se recibe, un descuento no negociable, sin devoluciones o consideraciones especiales, como propone la reforma. Las megapensiones, por ejemplo, deberían pagar una tarifa progresiva, la misma del ingreso, no una plana a partir de $7 millones, como lo propone la reforma.

Frente a los impuestos a las utilidades, si se logra eliminar todas las exenciones, descuentos y demás, como lo propone la reforma, así sea hacia al futuro y respetando los tales “derechos adquiridos”, se avanzará en justicia tributaria, creando un campo más nivelado para la competencia. La nueva tarifa diferencial propuesta, de impuesto sobre las utilidades a las empresas, de 25%, para firmas con hasta $500 millones en utilidades, también es un avance en justicia, pues no se aplica a un sector por su capacidad de cabildeo o por su color. ¿No es acaso justo que la economía de la pequeña empresa, que hace la mayoría del tejido empresarial, pague menos impuestos que las grandes empresas que logran explotar enormes rentas?

Así, oportuna, justa, necesaria. ¿Podrá hacerla pasar el Gobierno?