Las incitaciones públicas de esta semana por parte de un Senador de la República, dirigida a los colombianos en torno al no pago a los prestadores de servicios públicos, como una forma de “desobediencia civil”, invita a la reflexión sobre los prestadores de servicios públicos y el Estado en su gestión en el marco de la pandemia, antes de tan siquiera considerar la necia y anárquica provocación populista del Senador Petro.

No me referiré a la segunda manifestación de desconocer al presidente Iván Duque, por incendiaria, tampoco me voy a detener respecto a la segunda de sus provocaciones, cual fuera la de invitar a que ningún colombiano envíe a los menores a educarse en los colegios en agosto, por considerarla cargada de ideología contraria a la competitividad, e incoherente con una tasa de mortalidad del virus de menos de 1%.

Si me quiero detener sobre la provocación que tiene que ver con hacerle un boicot a los servicios públicos, en razón a que la Ley 142 del 1994, ordena al Estado a intervenir la prestación del servicio para garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. Sea entonces éste, el primer orden a analizar.

Incluso en el marco de lo fortuito e irresistible de una pandemia y del caos económico devenido de la misma, tanto el Estado como los prestadores de servicios han garantizado lo de sus funciones, los colombianos hoy gozan de los servicios públicos esenciales, incluso en mayor extensión que antes. Los prestadores del servicio público de energía eléctrica, gas natural, y agua, reconectaron el servicio de los usuarios que estaban suspendidos, difirieron el pago de las facturas a los que no lograron pagar las de los meses de abril, mayo y junio a periodos de hasta 36 meses, con 0% de tasa de interés, y no le han suspendido a ningún usuario el servicio.

Las empresas han asegurado los mejores esfuerzos en la continuidad de la prestación del servicio, permitiendo que los colombianos se queden en casa guardando la distancia social y lavándose las manos, los estudiantes aprendan, el sistema financiero opere, la cadena de alimentos se asegure, la industria no pare, y en general procurando bienestar y armonía a los usuarios, a quienes acechan los temores por estos tiempos.

Así las cosas, no existe fundamento, ni técnico ni económico, para que un representante de los colombianos pretenda desestabilizar al país, procurando llevar a las empresas prestadoras, de naturaleza pública y privada, al infortunio en el desarrollo de sus actividades económicas. Lo anterior, solo tendería a la limitación de la oferta y la intervención estatal. Se debe decir con determinación irrefutable, la pandemia generada por el covid, no sería posible de conjurar sin la garantía de continuidad en la prestación de los servicios públicos.

El no pago de las facturas llevaría a que las empresas fallen y con ellas el servicio. La Constitución, el Estado y los monopolios en servicios públicos funcionaron, no han parado por Colombia y hasta pusieron en práctica la fraternidad que se espera exista en una sociedad, hoy estas empresas comparten su excedente con el usuario desfavorecido con la crisis, al financiar sin interés sus obligaciones, y operar incluso con mayores costos alejándose de sus fronteras de eficiencia.

De otra parte, los colombianos que pueden están pagando sus servicios y los que pueden más están subsidiando a los que no, todo en el marco de los Decretos de Emergencia Económica. Este es realmente el ejemplo de la solidaridad que debe existir en una sociedad, y es sin lugar a dudas el fin del Estado Social de Derecho.