Lo vivido en Colombia desde el 28 de abril, en relación con las actividades devenidas del “paro nacional”, ha resultado en la conspiración más profunda y amplia conocida para afectar la libre empresa y competencia económica nacional. El caso colombiano debería ser materia de estudio e investigaciones por parte de las más especializadas redes de competencia internacional, por lo significativo en su impacto, en términos de destrucción del tejido empresarial y de menoscabo del excedente del consumidor final. Es que el modus operandi concertado por los rebeldes, ejecutado en simultáneo en diferentes regiones del país para incinerar la economía, resulta tan sensacional como efectivo en sus propósitos. La supuesta juventud determinada en su conducta por el populismo y otros, que abusa del derecho de protesta, bloquea la economía nacional mientras posa de víctima siendo victimaria.

Con el rigor del mensajero del doliente pueblo, este Diario ha publicado hechos y datos que ilustran la debacle en cifras económicas que ha implicado la desfiguración del derecho a la protesta para el país. Así, en el marco del “paro”, se registraron empresas quebradas, por quebrar, en trámite de quiebra, se registró inflación, desempleo, sobreprecios en productos y materias primas, cierres de puertos, colapso de la infraestructura de servicios públicos, y vial, bajas en consumo de energía no regulado, tendencia alcista del dólar, pérdidas de grados inversión, escasez de alimentos, entre otros indicadores que solo pueden llevar a concluir la afectación al pueblo consumidor, y el fraccionamiento de la columna vertebral productiva nacional.

El marco jurídico de la libre competencia ha sido puesto en tensión por las personas que en conspiración colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron desmanes de los que hoy se procuran recuperar los mercados.

Los agobiantes bloqueos a la libre circulación de los productos y personas, pudiesen encarnar acuerdos anticompetitivos de aquellos que persigue la SIC, en razón a que las conspiraciones para lograrlos probablemente tienen como objeto: a) limitar la producción, como ocurrió en la industria avícola en donde murieron millones de aves, b) limitar el abastecimiento, como sucedió en las superficies de comercio y c) limitar la distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros como sucedió en contra de la industria en general. Lo anterior devino de la implementación de un sistema restrictivo de la competencia que como resultado ha tenido un elevado costo en la vida de los colombianos. En la cotidiana narrativa que se observa del “paro”, por parte de los agentes para-institucionales e institucionales que participaron y participan de los desmanes en acción u omisión, pareciesen estructurarse profundos reproches antijurídicos de cara a derechos y libertades, dentro de los que se cuentan la libre competencia y empresa.

Bajo idéntica línea conductual, los bloqueos parecieran devenir de conspiraciones para la asignación, repartición o incluso limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos, puesto que los organizadores de los desmanes pueden coordinar qué municipios tienen acceso a qué productos y en qué medidas. Lo anterior ha ocurrido con la limitación a los servicios públicos de acueducto, gas, y combustible líquido, entre otros. Los bloqueos y su estructuración resultan de efecto y objeto anticompetitivo.