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Entre las funciones esenciales del Estado está la de administrar recursos conforme a los criterios de eficacia y eficiencia. No es ideología: son mandatos constitucionales de la administración pública. Cada peso mal asignado, cada trámite innecesario y cada decisión basada más en la intuición o el interés de grupo que en la evidencia, representa bienestar perdido para la sociedad. Siguiendo los pasos del capital privado, vale la pena en lo público preguntarse: ¿Qué papel jugará la Inteligencia Artificial en este marco?
Dado el estado actual de la IA, impera cuestionarse: si la ciencia desarrolla una forma más eficiente, trazable y segura de administrar el Estado, ¿por qué insistiríamos en que las decisiones continúen siendo exclusivamente humanas? La tesis, que no es mía sino de Meron Gribetz, pensador e inventor tecnológico estadounidense, es que estaríamos observando la última generación de políticos que gobernará como lo hemos entendido durante dos siglos.
La IA no reemplazará la democracia, pero sí transformará de forma amplia, profunda y rápida, la administración pública. Su ventaja no es que “piense” mejor que un humano, sino que procesa información que ningún equipo ministerial analizaría en toda una vida: evalúa millones de datos, simula escenarios, cuantifica riesgos y justifica de forma técnica cada recomendación. Hace, exactamente, aquello que el Estado está llamado a hacer. La teoría económica enseña que las instituciones existen para reducir costos de transacción, corregir fallas de mercado y asignar recursos de manera óptima. Si la ciencia ofrece una herramienta que cumple mejor esa función, ¿no tendría el Estado el deber de incorporarla? No se trata de sustituir la legitimidad democrática por un algoritmo, sino de que las decisiones públicas dejen de depender de percepciones políticas cuando existe evidencia capaz de mejorar sus resultados. ¿Serán los legisladores capaces de debatir esa ley? ¿O atenderán a su humanidad y, por temor a que los jubilen, optarán por no hacerlo?
Imaginen una IA que modele la reforma tributaria antes de presentarla al Congreso; optimice el gasto y proyecte su ejecución en tiempo real; evite la corrupción antes de adjudicar un contrato; mida el impacto regulatorio antes de expedir un decreto; pronostique una recesión y proponga correctivos; intervenga y controle la gestión de una obra; mida la eficiencia de las instituciones de cara al plan de gobierno; elabore un currículo educacional según las necesidades presentes y futuras. El político seguiría existiendo, pero ya no sería quien produce la mejor respuesta, sino quien explica por qué decidió apartarse de la recomendación técnica del sistema.
Así, se avizora inevitable la reducción del tamaño del Estado. Si la IA permite administrar con mayor productividad y eliminar capas enteras de burocracia, el argumento a favor de un aparato estatal más pequeño se fortalece. Menos estructura, mayor gestión. Paradójicamente, el supuesto se aproxima más a un modelo neoliberal que a uno intervencionista. Y surgen más interrogantes: ¿una IA entrenada para maximizar eficiencia recomendaría más regulación para corregir fallas de mercado, o menos intervención porque los mercados, en promedio, asignan mejor? Como todo en la IA: más preguntas que respuestas.
Quizás esta sea la discusión política más importante de los próximos años. Ya no debatiremos entre izquierda y derecha, sino cómo diseñar la inteligencia que recomendará las decisiones públicas, qué principios constitucionales incorporará y cuáles serán sus límites. O surgirá el riesgo eterno de la política: manipularla para servir intereses de grupo. Lo único cierto es que la complejidad del arte de gobernar seguirá existiendo.
Porque el verdadero cambio no será que gobiernen las máquinas. Será que, por primera vez en la historia, los políticos tendrán que competir contra una forma objetivamente superior de administrar.